Escribe: Johana Estefany Mendoza Vargas
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
En el marco del 73° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente del Perú suscribió el Acuerdo de Escazú con la finalidad de incluir disposiciones vinculantes para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
Este acuerdo contribuye a los esfuerzos intersectoriales para mejorar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a la información ambiental, fortaleciendo la transparencia, la participación pública en tomas de decisiones ambientales y el acceso eficiente a la justicia ambiental. Asimismo, se suma a una serie de instrumentos normativos nacionales e internacionales que brindan especial protección a personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.
Es importante que previamente se realice un análisis profundo en relación a la efectividad de las acciones en materia ambiental realizadas por el Estado, mejorando el marco normativo ambiental vigente, en especial, lo que se refiere a acceso a la información y la participación pública en el proceso de toma de decisiones en materia ambiental para garantizar la participación ciudadana en los instrumentos de gestión ambiental.
Es preciso señalar que el Estado peruano ha realizado diversas acciones para frenar el avance de delitos ambientales entre ellas, la firma del Pacto de Madre de Dios, liderado por la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial que busca el diálogo de diversos actores para una justicia ambiental accesible, eficiente y eficaz; la creación del observatorio de justicia ambiental a través de la Resoluciòn Administrativa No. 335-2019-CE- PJ; la aprobación del Protocolo de Defensores de Derechos Humanos, liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para garantizar la protección a un ambiente adecuado de aquellas personas que desempeñen sus actividades en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, quedando pendiente en los próximos meses la elaboraciòn del Registro de defensoras de derechos humanos, proceso en el cual estamos participando activamente con otras instituciones de sociedad civil, empresas, sector público, etc.
De igual forma, es importante señalar el reconocimiento de la doctora Flor de María Vega, Coordinadora Nacional de las Fiscales Ambientales de Perú – FEMA, por el reconocimiento internacional al liderazgo de una mujer que lucha por la justicia ambiental en nuestro país. Desde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales mostramos nuestro compromiso para continuar con la promiciòn de espacios de difusión del contenido del Acuerdo y fortaleciendo nuestro rol articulador. Cabe señalar que una de las acciones más importantes es la traducción del acuerdo al quechua, la lengua originaria más hablada en el Perú. Esta iniciativa fue reconocida en la Primera Reunión de los Países Signatarios del Acuerdo de Escazú.
Ante la crisis política de nuestro país, el Ministerio del Ambiente y los actores involucrados en procesos de negociación del Acuerdo, quedamos a la espera de que se reanuden las sesiones del nuevo Congreso de la República en el 2020 para que el acuerdo pueda ser discutido y ratificado.