Foto Andina
Por: Isabel Gonzales Icaza
Coordinadora del Programa Cambio Climático y Bosques
La pandemia de la COVID-19 viene causando una serie de impactos, principalmente en la salud y la economía; en ese sentido, los esfuerzos a nivel mundial han estado dirigidos, el último año, a la implementación de una serie de medidas para hacer frente a la pandemia y sus efectos en la economía de los países.
Perú se encuentra entre los países con mayores impactos por la COVID-19, tanto por el número de víctimas mortales (más de 49 000), como por los impactos en nuestra economía, la cual cerró el 2020 con una caída de 11.12 %, según informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que constituye la tasa más baja registrada en los últimos treinta años.
Se sabe que la COVID-19 es una enfermedad de origen zoonótico; es decir, que ha sido transmitida por el contacto entre las personas y los animales silvestres, como consecuencia de la destrucción de los bosques. Sin duda, esta y otras enfermedades de este tipo constituyen una grave amenaza a la salud humana y representan más del 60 % de todas las enfermedades infecciosas en humanos y aproximadamente el 75% de las nuevas enfermedades emergentes[1].
Las cifras demuestran que a nivel global ha habido algunos avances en cuanto a la reducción de la pérdida de bosques. De acuerdo al FRA [2], en América del Sur, se tuvo una pérdida anual neta de bosques de 2.6 millones de hectáreas entre 2010-2020, lo que significa una reducción, aproximadamente, del 50 % de la tasa, en comparación al anterior decenio (2000-2010).
Por su parte, en el Perú, desde el año 2001 al 2019, se han perdido un total acumulado de 2,433,314 ha de bosques; el último año (2019) la pérdida registrada fue de 148 426 ha (6,340 ha menos que el año 2018), mostrándose una tendencia a la baja los últimos tres años[3]. No obstante, los esfuerzos que se requieren hoy en día, no solo deben ir hacia la reducción de la pérdida de bosques, sino también a revertir la degradación de los mismos; pues es necesario restituir la funcionalidad de estos ecosistemas, dado que un bosque degradado no funciona bien, convirtiéndose en una versión reducida de lo que solía ser, disminuyendo su salud al punto que ya no podría sustentar a las personas ni a la vida silvestre.[4]
Desde el 2015, contamos con una legislación forestal (Ley N° 29763 y sus reglamentos), que pasó por un extenso proceso de participación ciudadana y consulta previa, y si bien se incorporan algunos elementos importantes para fortalecer la institucionalidad forestal, el acceso ordenado al bosque y la promoción del manejo forestal comunitario; vemos que, en la práctica, muchos de estos elementos tienen avances limitados, requiriéndose redoblar los esfuerzos en adelante.
Con respecto a la institucionalidad, hay que mencionar que en 2017 se conformó el Consejo Directivo (CD) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre- SERFOR[5], que constituye su órgano máximo, responsable de establecer los objetivos, la política y la dirección institucional. Dicho CD seleccionó al primer Director Ejecutivo (DE), a través de un concurso de méritos; no obstante, en el año 2020 hubo un importante quiebre de la institucionalidad del SERFOR, dado que el DE, fue removido del cargo de forma unilateral y sin informar al CD. Es a partir de ahí que se planteó la necesidad de contar con una norma que especifique las causales de remoción para el Director Ejecutivo del SERFOR, de modo que ello no se haga de forma discrecional; confiriendo así la garantía y estabilidad indispensables para reforzar la institucionalidad del sector forestal peruano.
Sin embargo, ello no es suficiente, pues se requiere seguir fortaleciendo la independencia de las instituciones forestales en todos los niveles de gobierno y dotarlas de los recursos necesarios para mejorar su autonomía orgánica, política, funcional y financiera.
Otro elemento muy importante es la zonificación y ordenamiento forestal; dado que orienta el uso adecuado de los recursos del bosque, acorde a sus características y capacidades. Esta herramienta permite prevenir y/o controlar el cambio de uso del suelo sobre los bosques, principal causante de los Gases de Efecto Invernadero en el país. La zonificación forestal se basa en criterios técnicos, siendo los gobiernos regionales los encargados de su elaboración e implementación; el SERFOR, el encargado de brindar los lineamientos técnicos y el monitoreo de su cumplimiento, una vez aprobado; y el Ministerio del Ambiente (MINAM), de aprobarla nuevamente.
A la fecha, solo la región San Martín ha culminado su proceso de zonificación forestal en el año 2020. En el caso de las regiones de Loreto y Ucayali, que concentran las superficies más grandes de bosques tropicales en el país y también tendencias crecientes de pérdida de bosques, aún cuentan con pocos avances en su zonificación forestal. Es así que, Ucayali, de seis módulos que forman parte de la zonificación forestal, ha concluido el módulo I y cuenta con algunos avances en la ejecución de los módulos II y III. Por su parte, Loreto, aprobó su módulo I y cuenta con un avance del 30% en el módulo II. En ese sentido, se debe facilitar la elaboración e implementación de esta herramienta, de forma coordinada entre las instituciones que intervienen, dado que permita orientar la gestión sostenible de los bosques, reducir la deforestación y degradación.
Otro aspecto, sobre el que es importante concentrar los esfuerzos es el fortalecimiento del Manejo Forestal Comunitario, pues este es reconocido como uno opción estratégica para conservar, manejar y usar sosteniblemente los recursos y además para mejorar las condiciones de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades que viven cerca de los bosques. Al respecto, tal como releva un estudio de USAID[6] sobre el Manejo Forestal comunitario, los permisos en comunidades nativas son las que encabezan las fuentes de suministro de madera a nivel nacional (37.1%), en casi 2 millones de hectáreas y 600 comunidades nativas de Ucayali, Loreto y Junín; por lo tanto además de completar la deuda pendiente de titulación de tierras de las comunidades, es importante contar con las instancias del Estado para atender las necesidades de las comunidades para la gestión de sus bosques como las Unidades Técnicas de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC), implementadas con personal idóneo, equipos e instrumentos. Los mayores avances los encontramos en Ucayali, que está en proceso de reconocimiento de las UTMFC, y además se han reconocido más de 12 Comités de Vigilancia y Control Forestal Comunitario, que han sido impulsado conjuntamente entre las autoridades regionales forestales y las organizaciones indígenas con la finalidad de articular los esfuerzos del monitoreo y conservación de bosques.
Si bien no debemos dejar de reconocer los esfuerzos por reducir la pérdida de bosques y promover su gestión sostenible, en el año del bicentenario, el fortalecimiento de la gestión de los bosques todavía sigue siendo un tema que tiene muchísimos retos pendientes, y que deben ser vistos como una urgencia estratégica para garantizar dos elementos fundamentales de nuestras vidas: la salud y nuestra seguridad alimentaria.
[1] UNEP. 2016. Report: Emerging Issues of Environmental Concern. United Nations Environment Programme. Nairobi. Online at: http://hdl.handle.net/20.500.11822/7664.
[2] FAO. 2020. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 – Principales resultados. Roma. https://doi.org/10.4060/ca8753es.
[3] 2020. Programa Nacional de Conservación de Bosques. http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php.
[4] https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/la-degradacion-de-los-bosques-por-que-afecta-a-las-personas-y-la-vida-silvestre
[5] Conformado por doce miembros, entre ellos, representantes del MIDAGRI, del SINAFOR, Pueblos indígenas, Gobiernos regionales, municipalidades, sector privado productivo y ONGs.
[6] PROBOSQUES 2019. Línea base de suministro de madera.