La DCI es “cooperación para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la deforestación y degradación de bosques (REDD+) y para promover el desarrollo sostenible en el Perú” (Documento del Acuerdo), para lo cual ha establecido tres fases: I) preparación, II) transformación e III) contribuciones por reducción verificada de emisiones.
Fases y períodos de implementación de la DCI [1]
La Fase I establece metas que apuntan principalmente al desarrollo de los cuatro pilares de REDD+[2] y a los cambios normativos necesarios para su implementación; y la Fase II se enfoca en metas de ejecución de acciones en campo que directamente aporten a la reducción de la deforestación y emisiones.
El cumplimiento de las metas de la DCI sufrió algunos retrasos con respecto a los periodos establecidos para cada fase. Por ello, se gestionó desde el Gobierno un proyecto con financiamiento de Norad a ser administrado por WWF, con el objetivo de apoyar al país con los compromisos contenidos en la DCI. El proyecto fue aprobado por un monto aproximado de $5 millones y con una duración de enero del 2016 a julio del 2017.
Ya con el cumplimiento de avances en las metas de la Fase I, como la ENBCC y el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales para el bioma amazónico[3], el Perú accedió en el 2016 a un primer desembolso contra resultado de la DCI. El monto, que asciende a $6,1 millones, está siendo administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del proyecto denominado: Preparando el camino para la plena implementación de la fase de “transformación” de la Declaración Conjunta de Intención firmada por los Gobiernos de la República del Perú, Reino de Noruega, la República Federal de Alemania. El periodo de ejecución del mismo se estableció de junio del 2016 a noviembre del 2017.
Con respecto a la implementación de la ENBCC, aún queda pendiente identificar qué oficina del MINAM estará a cargo de la misma, y cuáles serían los siguientes pasos, entre ellos los planes de acción regionales.
Este año, la Fase I habría sido finalizada con el reporte oficial entregado a Noruega en junio del 2017 con la siguiente información:
- Hoja de ruta para integrar la propuesta de “MRV con enfoque indígena” en el monitoreo de bosques.
- Hoja de ruta para el establecimiento del Mecanismo Financiero Permanente para la DCI.
- Implementación de la institucionalidad del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
- Hoja de ruta para formalizar la institucionalidad del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de bosques.
- Hoja de ruta para el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)
Esta información se encuentra disponible en la página web del PNCBMCC:
Cabe mencionar sin embargo, que los avances relacionados al sistema de monitoreo de bosques y al nivel de referencia de emisiones forestales se basan en el análisis del bioma amazónico, estando pendiente en la implementación de REDD+ nacional incorporar otros tipos de bosques como el bosque seco del norte.
Entre los avances importantes cabe resaltar la hoja de ruta para la integración del enfoque indígena en el módulo de monitoreo de la cobertura de bosque, socializada y trabajada con AIDESEP y CONAP.
Sobre el SIS, es importante mencionar que sobre esta meta se esperaba su implementación, pero que por ahora solo se cuenta con una hoja de ruta de salvaguardas para REDD+, que incluye los hitos clave para el desarrollo del SIS. Además, cabe mencionar que a través del apoyo del FCPF se está llevando a cabo una consultoría con Arcadis para avanzar en el diseño del SIS. De acuerdo a la hoja de ruta, a finales de este se tendría que estar presentando el primer resumen de información sobre el estado de las salvaguardas en el país.
En paralelo, y de acuerdo también a la hoja de ruta, la DGCCD está liderando el proceso de interpretación de las salvaguardas de Cancún para REDD+ con la participación activa de acotes gubernamentales y no gubernamentales pertinentes. Se cuenta además con un grupo de expertos (SERFOR, SERNANP, MINAM, MINCU, CI, DNV y DAR), que vienen apoyando en este proceso hasta que se logre constituir el Grupo de Trabajo Multiactor y Multinivel.
Sobre el establecimiento de los instrumentos clave para la aplicación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS), se han tenido varios avances identificados en el documento enviado a Noruega en junio. Sin embargo, es recientemente que se ha logrado dar un paso más en la implementación de la LFFS. Finalmente, en agosto, mediante Resolución Ministerial N° 0310-2017-MINAGRI, fueron reconocidos los 11 miembros del Consejo Directivo del SERFOR, del cual forman parte representantes de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil vinculadas por su trabajo y funciones al sector forestal.
Sobre la implementación de la LFFS, quedan aún muchos pendientes, entre ellos la actualización del mapa de la capacidad de uso mayor agrícola del suelo -se evalúa caso por caso-, y aún no se ha fortalecido adecuadamente a los GORE para asumir las actividades y procedimientos establecidos en la LFFS y sus reglamentos para el otorgamiento de permisos para el CUS.
En el caso del mecanismo financiero, si bien es cierto que se envió una propuesta a Noruega, el documento aún no se encuentra publicado en la página web del PNCBMCC. De acuerdo a lo presentado en diversos eventos, se entiende que este mecanismo implica que el próximo desembolso de la DCI se hará al BID para que luego ingrese al presupuesto público para la administración del Ministerio de Economía y Finanzas para ser distribuido a través de los programas presupuestales como convenios de apoyo presupuestario (CAP), que implica idealmente una distribución que beneficie principalmente a las comunidades locales y poblaciones indígenas.
Fuente: Presentación del PNCBMCC al Grupo REDD+, 08 de julio de 2017.
Con estos avances y los documentos enviados sobre la Fase I de la DCI, se ha comprometido un segundo desembolso de $10 millones, que será recepcionado por el BID para ingresar luego al presupuesto público de acuerdo al mecanismo financiero propuesto. Este desembolso se haría efectivo entre finales e inicios del próximo año.
Queda la duda en todo caso sobre la identificación de una entidad financiera nacional que vaya a ser la receptora de los siguientes desembolsos de la DCI, así como para los pagos por resultados en la reducción de emisiones. Se tiene información que hasta la gestión anterior, se tenía pensado que la entidad encargada de la administración de estos pagos sea COFIDE. La propuesta por parte del gobierno es que se mantenga la figura propuesta para el segundo desembolso.
Si bien es cierto hay algunos pendientes para la plena implementación de la Fase I, esto no ha evitado que en paralelo se avance con el cumplimiento de las metas de la Fase II de la DCI.
Se dio inicio al diseño del Plan de Implementación de la Fase 2 de la DCI el 2015, y este fue un proceso participativo que resultó en aportes de diferentes actores. Cuando se dio el cambio de gobierno en julio del 2016, este proceso de diseño tuvo una pausa hasta que se retomó en marzo del 2017 con un primer taller cerrado el 24 de marzo en Lima. La participación del Grupo REDD+, por ejemplo, estuvo supeditada a la participación de un miembro titular y otro alterno.
Fuente: Presentación del PNCBMCC al Grupo REDD+, 08 de julio de 2017.
En esta reunión en Lima se presentó el calendario que se habría trabajado con los GORE respectivos, la agenda para cada región sería una meta distinta en cada lugar:
– Loreto, 30 de marzo de 2017.
– San Martín, 6 de abril de 2017.
– Ucayali, 21 de abril de 2017.
– Madre de Dios, 27 de abril de 2017.
La participación de la sociedad civil en esta segunda etapa de planificación de la Fase II se supeditó a la participación de representantes del Grupo REDD+, incluso en las reuniones descentralizadas.
A los talleres acompañarían: MINCU, MEF, MINAM y MINAGRI. Sin embargo, de acuerdo a comentarios de funcionarios de los Gobiernos Regionales anfitriones, la coordinación de fechas, agendas e invitación de participantes no se habría hecho de forma adecuada con ellos. Esto significó que los mismos actores participen tanto en la reunión de Lima como en las reuniones en regiones.
En los talleres el objetivo principal era levantar aportes para definir los criterios a utilizar para las metas de la Fase II. Hasta la fecha no queda muy claro cómo se han incorporado los aportes brindados en estos talleres, así como aquellos que se hicieron en su momento con la matriz de la Fase II que se presentó el 2016, que ya tenía identificados criterios e indicadores por cada meta.
El objetivo del PNCBMCC era tener este documento/primer informe de los aportes para el mes de mayo y en abril se tenía pensado tener reuniones bilaterales con los GORE para ver cómo incorporar las metas de las actividades de la DCI en sus documentos de planificación regional. Sobre ambos puntos ha habido demoras, que pueden resultar por el cambio de funcionarios responsables del proceso en los últimos meses, además del cambio de gestión y visión planteadas para la DCI.
Si bien es cierto esta Fase aún está en proceso de diseño, hay algunos escenarios previos que deben tomarse en consideración para asegurar que la implementación de esta Fase se desarrolle de manera eficiente y eficaz, y que finalmente nos acerque más a nuestra meta país en la lucha contra la deforestación de nuestros bosques amazónicos.
Sobre las metas, se ha venido avanzando con la que apunta a la regularización de la tenencia de por lo menos 5 millones de hectáreas de tierras de pueblos indígenas, específicamente comunidades nativas. Tanto el proyecto de apoyo de WWF como el financiamiento del primer desembolso de la DCI a cargo de PNUD han titulado tierras de poblaciones indígenas.
Además, a muchas comunidades nativas se les está dando reconocimiento de cesión en uso de sus territorios como forma de ir asegurando su titularidad; sin embargo, algunas bases de las organizaciones indígenas no consideran esto como un paso hacia la titulación de sus territorios, por lo que se han suscitado desacuerdos con respecto a esta modalidad de “reconocimiento”. Vale mencionar que este año se aprobó la RM 194-2017-Minagri que busca facilitar el estudio de suelos para la titulación de tierras de comunidades indígenas.
Otra de las metas de la Fase II en la que mayor avance se viene logrando es en la de incluir al menos 2 millones de hectáreas bajo el mecanismo de pago por resultados de conservación en comunidades nativas (transferencias directas condicionadas – TDC [3] bajo el PNCBMCC, y otros esquemas). Recientemente el PNCBMCC ha anunciado que su presupuesto público para las TDC ha sido incrementado en S/. 12 millones, lo que significa un incremento considerable a los S/. 5 millones que tenían presupuestado cada año para este objetivo. Esto les permitiría llegar a más de 200 comunidades nativa, y lograr cubrir un área de poco más de 2 millones de hectáreas [4]. Hasta junio del 2016 solo se tenía una cobertura de ½ millón de hectáreas.
El objetivo a diciembre es tener afiliadas a todas las comunidades identificadas para lograr esta meta. Para ello, además de las cuatro oficinas zonales que tenían hasta el 2016, a finales de este año se habrán incluido siete más, incluyendo oficinas zonales en Iquitos y Atalaya.
Se nos comentó también que el trabajo con las TDC va a ser registrado en un aplicativo para el manejo de la información, esperando que uno de los resultados sea, además de trasparentar la información y permitir su acceso, generar un tipo de “historial crediticio” para las comunidades.
La última meta de la Fase II es la implementación de los proyectos de inversión pública (PIP) del Plan de Inversión Forestal (FIP). Hasta el momento no se ha dado, pero se tiene conocimiento de que se les habría dado viabilidad a los PIP 1, 3 y 4 a cargo del acompañamiento técnico del BID [4], a tiempo para cumplir con la fecha límite del 30 de setiembre de 2017, después de la cual aplicaría la política de cancelación [6]. El PIP 2, correspondiente a Atalaya- Ucayali, con el BM, aún está pendiente de elaboración; sin embargo, en este caso ya se pidió una extensión para fines de noviembre que fue aceptada por el Subcomité del FIP.
Para la planificación de la implementación de las otras metas de la Fase II, hay que tener en cuenta que una primera versión del Plan de implementación para la segunda fase tenía que haber estado lista y socializada para los aportes pertinentes entre julio y agosto de este año. Se espera que este documento pueda estar disponible pronto.
Por último, y de manera transversal al proceso e implementación de la DCI, se ha publicado la primera versión de los Lineamientos de gobernanza para la DCI, que estuvo bajo consulta pública para recibir aportes de diferentes actores.
[1] PROCESO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN FASE II DE LA DCI http://www.bosques.gob.pe/archivo/1.%20PNCBMCC_DCI.pdf
[2] http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/12/3.-Calmet-Delgado-PNCB.pdf
[3] http://www.inforegion.pe/244006/fortalecen-al-programa-bosques-para-afiliar-a-mas-comunidades/
[4] http://www.inforegion.pe/244006/fortalecen-al-programa-bosques-para-afiliar-a-mas-comunidades/
[5] https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-documents/fip_17_5_pipeline_management_policy_for_scf_programs_fip_final.pdf
[6] 1) Plan de acción o estrategia nacional, 2) Nivel de referencia nacional, 3) Sistema nacional de monitoreo de bosques y MRV, 4) Sistema de información de salvaguardas.
[7] Queda pendiente la discusión sobre la proyección presentada a la CMNUCC y el promedio histórico requerido por la DCI.