- La organización indígena COMARU observó que aún no ha sido publicada la Ordenanza que permite actualizar la comisión regional EITI Cusco.
- Consejeros regionales presentarán una petición para publicar la Ordenanza Regional Nº 223-2022, la cual actualiza la conformación de la Comisión EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas).
- COMARU demanda ratificación del Acuerdo de Escazú en el Perú, así como la transición a una matriz energética justa y sostenible.
Este 3 y 4 de abril se realizó el taller del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) sobre la transparencia y acceso a la información en industrias extractivas; las iniciativas que los impulsan, como el EITI; la protección a las y los defensores ambientales e indígenas; el Acuerdo de Escazú; y la transición energética.
Durante el taller, Iris Olivera, líder de proyecto del Programa Sostenibilidad de DAR, comentó que el EITI es una alianza internacional tripartita que reúne a gobiernos, empresas del sector extractivo y sociedad civil para transparentar los pagos e ingresos que reciben los gobiernos de las empresas, con el fin de fomentar el desarrollo de sus países miembros. Asimismo, explicó el funcionamiento de esta iniciativa y las oportunidades de fortalecer la transparencia en la región.
A su turno, Agilio Semperi, presidente de la organización indígena COMARU, mencionó que existen varias actividades extractivas en sus territorios, siendo una de las más importantes la extracción del gas de Camisea. Por ello, es importante fortalecer dicha iniciativa en la región Cusco para transparentar los gastos y pagos de dichas inversiones.
Asimismo, Semperi recordó que Cusco contaba con una comisión regional EITI que fue modificada mediante la ordenanza regional Nº 223-2022; sin embargo, han transcurrido cinco meses sin que esta se priorice y publique.
Al respecto, Isabel Galiano, del Grupo Propuesta Ciudadana, señaló que la sociedad civil impulsó la actualización de la comisión regional EITI en Cusco desde el año 2022, la cual incluiría la participación de provincias donde existen actividades extractivas, como Chumbivilcas, Espinar y La Convención, siendo esta última donde se ubican las bases de COMARU.
En la sesión también participaron los consejeros regionales de Cusco, Calandria Olvera y Edwin Cardenas, quienes señalaron que presentarán una petición para que se publique la Ordenanza Regional. Asimismo, respaldaron la promoción de la transparencia, el Acuerdo de Escazú y la mejora de la gestión ambiental y la planificación de proyectos extractivos y energéticos en Cusco. Ello se realizará en la siguiente sesión del Consejo Regional, el 10 de abril del presente año.
Por otro lado, las sesiones también abordaron temas prioritarios para la agenda de COMARU, como una transición energética sostenible y justa, sobre la cual dicha organización presentará una propuesta que incluya la transparencia ambiental y gobernanza, de modo que este proceso beneficie a los pueblos indígenas y acorte las brechas de acceso a la energía.
En ese sentido, se planteó también la necesidad de que el Perú ratifique el Acuerdo de Escazú, con el fin de fortalecer la transparencia, participación y justicia ambiental, y de mejorar la protección de los defensores y defensoras indígenas, a pesar de que el Congreso ha rechazado dos veces su ratificación. Asimismo, se señalaron las amenazas de carreteras que vienen desarrollándose en el Bajo Urubamba, por lo es clave el monitoreo de las mismas.
Los representantes de COMARU resaltaron la situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), quienes están siendo amenazados por propuestas de medidas legislativas que atentan contra sus territorios y los bosques, tales como el PL 649/221-CR, 894/2021-CR y 2315/2021-CR, por lo que será prioritario seguir impulsando la intangibilidad de Reservas Territoriales como la Kugapakori, Nahua, Nanti y otros.
En el taller también participó el vicepresidente de COMARU, José Kaibi; así como representantes de los equipos técnicos de COMARU y DAR. Este encuentro se desarrolló en el marco de los proyectos “Reforzando la transparencia y las buenas prácticas en el sector extractivo”, implementado por CEDEPAS Norte, Grupo Propuesta Ciudadana y DAR, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); y el proyecto “Fortaleciendo el derecho al acceso a la información, participación y transparencia de los pueblos indígenas amazónicos”, impulsado por DAR, con el apoyo de Publish What You Pay (PWYP).