Escribe: Valeria Urbina Cordano[1]
Programa Amazonía
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Existe vasta literatura que da cuenta de los impactos que las industrias extractivas han tenido en los derechos y modos de vida de las comunidades que habitan en los territorios donde estas operan. No sucede lo mismo sobre los impactos diferenciados que estas causan en la vida de las mujeres, particularmente, aquellas que se hallan en especial situación de vulnerabilidad y desventaja histórica, a saber, mujeres indígenas, mujeres campesinas y afrodescendientes.
¿Cómo la actividad extractiva afecta de manera diferenciada a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de las mujeres en Perú y en la región? ¿Qué se está haciendo para evitar y/o atender estas afectaciones? Con miras a llenar vacíos de información, en los últimos años, tanto la academia como la sociedad civil han hecho un esfuerzo por documentar y analizar estas afectaciones diferenciadas.
Así, hoy por hoy, sabemos que estas industrias pueden tener impactos muy profundos en la autonomía de la mujer, la cual es entendida según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como “la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles”[2]. En el presente artículo se abordarán solo algunos de ellos, los cuales se vienen agudizando que en actual contexto de pandemia por la COVID-19. Estos se vinculan de manera estrecha con afectaciones en los ámbitos de su autonomía física, económica y en la toma de decisiones.
En cuanto a la autonomía física de las mujeres, diversos estudios coinciden en señalar un incremento de la violencia de género en contextos extractivos. Esta responde a múltiples factores y es ejercida en el ámbito intrafamiliar y/o por agentes externos. Uno de los factores es la discrepancia y conflicto entre los miembros de la familia respecto a la conveniencia de determinado proyecto para la comunidad. Así, existen casos en que, si bien para el hombre un proyecto representa una oportunidad de empleo, para la mujer este significa potenciales daños la salud y al medio ambiente[3].
En otras ocasiones, esta violencia ha sido ejercida por agentes externos formales e informales. Múltiples estudios en la región dan cuenta de casos de hostigamiento, amenazas, secuestro, detenciones arbitrarias, abuso sexual, criminalización y asesinatos a mujeres, particularmente cuando estas asumían cargos de liderazgo y/o integraban algún movimiento social. Las tensiones que se generan entre comunidades y empresas, debido a la falta de consulta, escenarios de contaminación ambiental, entre otros, detonan los escenarios de violencia.
Casos emblemáticos como las agresiones sexuales perpetradas contra mujeres de la comunidad “Lote Ocho” del pueblo mayas q’eqchi’ en Guatemala; la desaparición de mujeres en la Guajira, Colombia; la violencia física y psicológica ejercida contra las mujeres de la familia Chaupe Acuña en Cajamarca, Perú; y el asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres en Honduras son solo algunos ejemplos de la realidad que viven muchas mujeres por oponerse a proyectos extractivos[4].
Asimismo, investigaciones de diversa índole abordan cómo la actividad extractiva puede tener repercusiones en la salud de las mujeres, y de forma particular, en su salud sexual y reproductiva. Existen múltiples causantes, siendo una de las principales los continuos episodios de contaminación ambiental. Un caso emblemático de ello fue el derrame, en 2014, de miles de barriles de petróleo en la quebrada de Cuninico, por la ruptura del Oleoducto Norperuano. Así, estudios recientes presentan indicios de que la ingesta de agua y alimentos contaminados con metales pesados, como el mercurio y plomo, ocasionó en las mujeres embarazas de la comunidad abortos espontáneos, partos precoces y alteraciones en la salud del recién nacido[5].
Respecto a la autonomía económica, existen varias problemáticas que vienen afectando y/o inhibiendo la capacidad de las mujeres de generar ingresos propios en contextos extractivos[6]. Según reportes de la región, una de ellas es el impacto de la actividad extractiva en la economía tradicional de las comunidades. Ejemplo de ello fue la afectación que ocasionó, en Colombia, la construcción de la represa Hidrosogamoso en la economía local de las mujeres. Debido a la mortandad de peces y la limitación de acceso al río, los ingresos de las mujeres comerciantes lugareñas mermaron drásticamente[7].
Por último, en cuanto a la autonomía en la toma de decisiones, aún existen importantes brechas para lograr una participación efectiva de las mujeres en procesos de consulta y negociación con terceros[8]. Los roles tradicionales de género, limitaciones lingüísticas y un sistema que privilegia la toma de decisión y acuerdos entre hombres de comunidades y empresas, son algunos de los factores que las explican. Así, en muchas circunstancias y contextos aún hoy día, las mujeres y defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente son excluidas de espacios de diálogo internos y externos solo por el hecho de ser mujeres y encontrarse, en algunos aspectos, en situación de desventaja frente a los hombres.
El escenario de pandemia que enfrentamos por la COVID-19 y, con ello, la agudización de las problemáticas expuestas, plantea retos que deben ser puestos con más fuerza en la agenda pública y política. Uno de ellos es, justamente, la visibilización oportuna y sistemática por parte de Gobiernos y empresas de las afectaciones que las mujeres viven en contextos extractivos. No se pueden tomar decisiones si no se conocen los problemas específicos que viven las mujeres en su día a día. Ello involucra, definitivamente, la inclusión de un ´análisis de género´ en todos los procesos de toma de decisión que las afectan, así como incorporación de variables de género e interculturalidad en todos los sistemas de información.
Recomendaciones:
En el marco de lo expuesto, algunas recomendaciones –dirigidas a los Gobiernos– establecidas en el informe regional “Género e industrias extractivas en América Latina: Medidas estatales frente a impactos diferenciados en las mujeres”[9] son de particular relevancia en el contexto actual de emergencia sanitaria y reactivación económica en la región para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres en contextos extractivos.
Estas son las siguientes:
- Aprobar la normativa vinculada a los sectores extractivos que –partiendo de reconocer la existencia de impactos diferentes en las mujeres– garanticen su prevención, mitigación, atención efectiva y la realización de acciones afirmativas de empoderamiento de género.
- Invertir y redistribuir los ingresos procedentes de las industrias extractivas en servicios y programas que promuevan la igualdad de género y atiendan los derechos de las mujeres, especialmente, en educación, salud, trabajo de cuidado no remunerado y, particularmente, en seguridad y eliminación de la violencia hacia las mujeres y niñas.
- Aprobar la normativa vinculada con el sector extractivo que garantice la participación de mujeres en la planificación, elaboración y aprobación de normas y políticas que les afecten, a través de metodologías que incluyan el enfoque de género.
- Firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú[10], a fin de generar la debida articulación intersectorial y transversal de las entidades públicas para la implementación efectiva de los derechos de acceso y protección a las y los defensores ambientales en los países de la región.
[1] El contenido del presente artículo se basa, de manera principal, en la publicación “Género e industrias extractivas en América Latina: Medidas estatales frente a impactos diferenciados en las mujeres” elaborado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).
[2] Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. El salto de la autonomía. De los márgenes al centro. Informe Anual 2011. Santiago de Chile: CEPAL. p. 9. Consultado el 18 de agosto de 2020.
[3] CARVAJAL, Laura María. Extractivismo en América Latina. Impacto en la vida de las mujeres y propuestas de defensa del territorio. Fondo de Acción Urgente de América Latina. Bogotá: 2016. p. 33.
[4] Ver los siguientes referentes bibliográficos: MENDEZ, Luz y CARRERA, Amanda. Mujeres indígenas: clamor por la justicia. violencia sexual, conflicto armado y despojo violento de tierras. F&G Editores. Ciudad de Guatemala: 2014. pp. 77-80; ROMERO EPIAYÚ, Jazmín y BARÓN ROMERO, Dana. Impacto de la explotación minera en las mujeres rurales: afectaciones al derecho a la tierra y el territorio en el sur de La Guajira, Colombia. 2013. p. 29; SILVA SANTISTEBAN, Rocío. Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias. Lima: 2017. p. 127; AMNISTÍA INTERNACIONAL. Defendemos la tierra con nuestra sangre. Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras y Guatemala. Londres: 2016. pp. 28-29.
[5] DELGADO, Deborah y otras. Ser madres después del desastre: Impacto diferenciado por género de los derrames de petróleo en el Marañón. Lima: 2017. p. 39-41.
[6] De acuerdo con la CEPAL, la autonomía económica hace referencia a la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones. Disponible aquí. Consultado el 18 de agosto de 2020.
[7] CARVAJAL, Laura María. Extractivismo en América Latina. Impacto en la vida de las mujeres y propuestas de defensa del territorio. Fondo de Acción Urgente de América Latina. Bogotá: 2016. p. 32.
[8] Ello se muestra, por ejemplo, en un reciente informe de Oxfam y ONAMIAP en Perú. Basado en información oficial, este informe señala que en 27 procesos de consulta previa previa, sólo el 29% de sus participantes fueron mujeres. Sin mujeres indígenas, ¡no! Aproximaciones desde la implementación de la consulta previa, libre e informada en la industria extractiva en el Perú. Oxfam. ONAMIAP. Lima. 2019. p. 39.
[9] El citado informe fue recientemente publicado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el debido proceso (DPLF, por sus siglas en inglés).
[10] Se denomina Acuerdo de Escazú al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ratificado actualmente por 11 países y próximamente entrado en vigor por los Estados parte.