Foto: Rolando Mondragón / DAR
César A. IPENZA*
Abogado especializado en materia ambiental
COLUMNA AMBIENTE, TERRITORIO Y DEMOCRACIA
La semana pasada se celebró en el Cusco XXV Congreso Internacional de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe -RedLAC- y fue una oportunidad para que nuestro Estado resalte el rol fundamental de las áreas naturales protegidas -ANP- como activo para el desarrollo sostenible.
Actualmente nuestro país cuenta con 76 ANP de administración nacional, 32 áreas de conservación regional y 138 de administración privada que abarcan más de 23 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 18 % de la superficie terrestre del país. Pero es urgente transformar la visión de las ANP como un activo para el desarrollo sostenible, que no sólo genera trabajo y empleos sino bienestar en la sociedad, más aún en un contexto de cambio climático, donde éstas juegan un rol fundamental y estratégico, sin embargo, poco o nada entendido por algunos sectores con una visión antigua de lo que se entiende como desarrollo.
La conferencia estuvo dirigida a expertos en finanzas ambientales, líderes en sostenibilidad en el mundo, entidades financieras, sector privado, sociedad civil organizada y agencias de cooperación internacional quienes participaron de RedLAC, algunos con ejemplos importantes del rol del sector privado, sin duda una grata oportunidad de ver sus aportes.
Pero pese a ello, hoy ha vuelto lo cíclico, sobre diversos argumentos contra la conservación de nuestro patrimonio natural, de facilitar, modificar la normativa y sus mecanismos de conservación para “acelerar” la inversión, pero ¿qué inversión?, ¿a costa de qué? La evidencia en el mundo de la necesidad de cambio de matriz y transición energética es cada vez más real, mientras que aquí algunos pretenden seguir políticas desfasadas y no dar el paso al inicio, al cambio, y a una gestión eficiente de nuestros recursos, donde la conservación de nuestro patrimonio sea pieza fundamental, para la viabilidad de nuestra estancia en esta casa común.
Diversas organizaciones de sociedad civil organizamos un espacio de reflexión sobre esto, liderados por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, la Sociedad Zoológica de Frankfurt, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y el Centro Bartolomé de las Casas, en el Foro “Áreas Naturales Protegidas, Territorios Indígenas e Hidrocarburos en el Perú” donde reiteramos y recordamos la obligación constitucional de nuestro Estado de conservar las ANP, pero también recordamos los procesos de control del pasado que exigen al Ministerio de Energía y Minas y Perupetro respetar el marco jurídico sobre la compatibilidad antes del otorgamiento de derechos sobre ANP, frente a los intentos de flexibilizar el marco jurídico proveniente no sólo desde el Ejecutivo sino también desde el Congreso.
La conservación de nuestro patrimonio natural no es incompatible con nuestro crecimiento, pero parte de la premisa de entender que necesitamos resguardar parte de nuestro patrimonio para hacer viable nuestra existencia, pero además para el beneficio de las futuras generaciones y para tener mayor ambición en torno a las medidas para mitigar los efectos del cambio climático, y es justamente allí donde se requiere mayor inversión y mayores compromisos por parte del sector privado para reducir las emisiones y mitigar la crisis climática, pero además políticas serias que garanticen la inversión respetando la naturaleza y no regresando al pasado con medidas cortoplacistas en desmedro de todos/as.
* Este artículo representa la opinión del autor y no necesariamente la opinión de DAR