- La instalación de la Mesa Regional es el resultado de las acciones de incidencia lideradas por la ORAU, y sus aliados, ante el incremento de presiones, amenazas y asesinatos en contra de integrantes de pueblos indígenas en la región de Ucayali.
- La primera sesión de la Mesa fue realizada en noviembre de 2021, fecha en la que se anunció su creación bajo el liderazgo del MINJUSDH, como parte de la descentralización del Mecanismo Intersectorial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2021-JUS.
11 de mayo de 2022. En el marco de la implementación y mejoramiento de las acciones del Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos (D.S. 004-2021-JUS), el día de ayer se desarrolló la Segunda sesión de la Mesa Regional de Ucayali para la protección de personas defensoras de derechos humanos. Este espacio contó con la participación de representantes del Poder Ejecutivo (MINJUSDH, MINAM, MINCU, MIDAGRI, MININTER, y DEVIDA); el Gobierno Regional de Ucayali, el Ministerio Público, la Corte Superior de Justicia de Ucayali, la Defensoría del Pueblo; así como las organizaciones indígenas ORAU, FECONAU y ORNAU.
La sesión inició con la participación de Guillermo Vargas, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del MINJUSDH, quien mencionó que la Mesa Regional contará con una Secretaría Técnica a cargo del abogado Juan Carlos Chavez Sanchez, quien realizará sus labores en la Dirección Desconcentrada de Cultura en Pucallpa y apoyará en el seguimiento de las medidas locales y atención de casos en Ucayali. Además, exhortó a que el Gobierno Regional de Ucayali pueda aprobar la Ordenanza Regional que formalice el espacio, para que en un plazo de 45 días se pueda tener una nueva reunión de monitoreo de avances.
Esta presentación fue complementada por Ángel Gonzales, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del MINJUSDH, quien compartió tres ejes que orientarán el funcionamiento de la Mesa: i) Prevención, que incluye el análisis de contextos de riesgos y posibles medidas de mitigación; ii) Protección, que implica las coordinaciones locales para la atención de situaciones de riesgo identificadas; y, iii) Promoción del acceso a la justicia, que se enfocará en investigaciones y procesos por ataques o amenazas contra defensores y defensoras indígenas.
A su turno, Berlín Diques, presidente de la ORAU, manifestó su preocupación por el avance de actividades ilícitas como el narcotráfico en provincias como Atalaya y Purús, cuyo impacto ya no solo abarcaría el territorio de comunidades nativas, sino que también estaría llegando a zonas de Reservas Indígenas en las que habitan Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y situación de Contacto Inicial (PIACI). Esta intervención fue complementada por Jamer López, encargado del Programa de Defensores Indígenas de ORAU, quien exhortó a que no se deje de lado que el problema concreto y de fondo es la seguridad jurídica territorial. Recordó el fracaso de los proyectos de titulación de comunidades, y los riesgos que ha causado el otorgamiento de títulos individuales y constancias de posesión desde el gobierno regional en espacios superpuestos a comunidades nativas y que hoy son fuente de conflictos latentes.
Desde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), saludamos la iniciativa estatal liderada por el MINJUSDH para descentralizar el Mecanismo Intersectorial como parte de una respuesta integral ante la creciente ola de ataques y amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos. Iniciativa que es apoyada en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre DAR y MINJUSDH, vigente hasta enero de 2024.
En ese sentido, desde una perspectiva crítica, respaldamos las demandas de ORAU que centran como aspecto clave la situación de inseguridad jurídica territorial que afecta a gran parte de las comunidades nativas amazónicas. El fracaso de los proyectos de titulación ha sido resaltado en un estudio de DAR (2021) realizado por Suyana Huamaní, donde se señala que de nueve proyectos que tenían la meta de titular a 719 comunidades en la última década, hasta diciembre de 2020, solo se ha logrado avanzar con un 20 % (147) de comunidades tituladas e inscritas en Registros Públicos. Asimismo, debe impulsarse un mecanismo que permita la interoperabilidad entre las fuentes de información cartográfica y satelital con la que cuentas distintas instituciones estatales para identificar las zonas críticas, racionalizar recursos para priorizarlas, y validar la información con las propias organizaciones indígenas quienes son las principales conocedoras de sus territorios.
Finalmente, exhortamos a que el enfoque de acceso a la justicia propuesta en el marco de la Mesa Regional de Ucayali conciba que las amenazas y ataques no se reducen a una escala individual, sino que existen patrones que deberían permitir una mayor participación de la fiscalía especializada en crimen organizado al encontrarnos ante presuntas redes criminales que favorecerían el incremento de presiones territoriales y una situación de impunidad latente.