Foto: DAR
“La violencia hacia los defensores ambientales en el país, especialmente relacionada con el aumento de economías ilícitas en la Amazonía, se hace evidente con el incremento de situaciones de riesgo registradas por el Ministerio de Justicia, por lo cual se hace necesario fortalecer el trabajo realizado por los pueblos indígenas y el Estado para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, destacó Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), durante el foro “ Defensores y defensoras ambientales y el Acuerdo de Escazú, realizado el pasado 16 de noviembre en Lima.
El evento contó con la participación de representantes del Estado, organizaciones indígenas y sociedad civil y se realizó en el marco del taller estratégico de planificación de la Red EscazúAhora, que integran 17 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. “Tenemos el agrado de contar con representantes que han sido parte de la negociación del Acuerdo de Escazú, que es uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región, pues promueve el acceso a la información, participación, justicia y protección a las y los defensores ambientales”, mencionó Aída Gamboa, líder de proyectos de DAR. A la fecha, solo 15 países han ratificado el Acuerdo, mientras otros 24 países no lo han firmado, entre ellos el Perú.
Durante su participación en la primera mesa del evento, Julio Cusurichi, líder indígena shipibo, miembro del consejo directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), expuso la preocupante situación en la que se encuentran los defensores indígenas. Hasta la fecha, se han reportado 30 asesinatos de personas indígenas que defendían sus territorios frente a actividades ilegales como la tala, la minería ilegal y el narcotráfico, recalcó Cusurichi. Además, resaltó la necesidad de tener mayor apoyo estatal para resolver problemas y la búsqueda de justicia para los defensores asesinados. Cusurichi también indicó que como respuesta a esta situación, AIDESEP ha implementado programas propios, como el Sistema de Alertas y Acciones Tempranas (SAAT) y medidas de autoprotección para salvaguardar los derechos de las personas defensoras de la Amazonía. Es en ese sentido, que ellos proponen un espacio propio de participación en la gobernanza del Acuerdo de Escazú.
A su turno, Julio Guzmán, Procurador Público del Ministerio del Ambiente resaltó la importancia de brindar protección a los defensores ambientales y mencionó la existencia de tres modelos de protección: prevención a través de la fiscalía de prevención de delitos, las garantías personales y el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras. Sin embargo, Guzmán enfatizó que estos modelos no han demostrado ser efectivos y que se requiere una mayor agilidad en los procesos de protección, así como las modificaciones respectivas a nivel normativo para una implementación efectiva.
Por otra parte, la representante de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo Rueda, hizo hincapié en la deuda histórica que se tiene con los líderes indígenas y destacó que las y los defensores de derechos humanos, especialmente los líderes indígenas, enfrentan constantes amenazas, que ponen en peligro sus vidas y las de sus comunidades. Además, mencionó las herramientas que viene implementando la Defensoría como los lineamientos defensoriales y la importancia de incrementar los recursos del Estado para el actual mecanismo intersectorial.
Durante la segunda mesa, enfocada en la importancia del Acuerdo de Escazú y sus avances para promover la protección de los defensores ambientales, Edgar Vanegas, integrante de la Alianza de El Salvador Escazú, hizo hincapié en la importancia de comprender los mecanismos de defensa existentes y cómo estos pueden proporcionar soluciones a los defensores ambientales. Asimismo, subrayó la importancia de que los Estados sean garantes en la protección de los defensores, resaltó la relevancia del Acuerdo de Escazú, abogando por un mayor apoyo y acompañamiento a los defensores en la región Latinoamérica y el Caribe.
A su turno, Tomas Severino, de Cultura Ecológica de México, resaltó la experiencia de Perú en la implementación del Acuerdo de Escazú y expresó la necesidad de que otros países aprendan de su trabajo en el mecanismo. También hizo hincapié en que América Latina es una de las regiones más peligrosas para ejercer los derechos humanos, que países como Brasil, Colombia, Perú, Honduras y Guatemala aún no han ratificado, siendo los más peligrosos de la región. Asimismo, destacó el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, como un resultado del trabajo de sociedad civil y las amenazas que enfrentan los defensores. Por último, instó a los países a unirse en un frente común y fortalecer los mecanismos de defensa.
Por su parte, Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, recordó los asesinatos de defensores ambientales en Colombia y la falta de protección efectiva por parte del Estado. Por ello, resaltó la importancia del fortalecimiento de los gobiernos locales, los mecanismos de articulación de sociedad civil y los protocolos autónomos de consulta, para garantizar una verdadera protección a los defensores. También hizo énfasis en la necesidad de comunicar de manera efectiva los logros y el reconocimiento de la labor de las y los defensores, un elemento que está presente en el plan de acción regional que se está construyendo en el marco del Acuerdo de Escazú y que se encuentra en periodo de consulta abierta hasta el 24 de enero del próximo año.
Por último, Joara Marchezini, representante del público por el Acuerdo de Escazú, mencionó los desafíos que enfrenta la región en términos de desigualdad, impunidad y falta de participación. Destacó que Escazú es solo el primer paso y que se requiere la participación de diversos actores en el proceso de implementación del Acuerdo, como el que viene realizando el Comité de Apoyo y Cumplimiento del Acuerdo, el grupo Ad Hoc sobre defensores y defensoras ambientales y los representantes del público. En ese sentido, hizo énfasis en el llamado a promover la ratificación del Acuerdo de Escazú y a involucrar a las juventudes y poblaciones vulnerables como promotores del mismo.