Tras la publicación de nuestro artículo de opinión sobre el Decreto Legislativo N° 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, les hacemos llegar un primer análisis elaborado por DAR.
En el documento, presentamos nuestras preocupaciones de los principales artículos: la creación de esta autoridad como ente con autonomía técnica, presupuestal, administrativa; la ampliación del plazo de entrega de respuesta a las solicitudes de acceso a la información contradiciendo lo estipulado en la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (a pesar de la emisión de un fe de erratas); y la elaboración de las lineamientos para precisar que es secreto, reservado y confidencial, documentación que no se otorgaría a la ciudadanía y sobre la cual la Autoridad no tendría facultad de resolver.
En estos últimos años hemos tenido pequeños avances en transparencia en el sector extractivo, por ello nos alerta que este nuevo marco nos haga retroceder en el acceso a información y que limite el acceso a documentación importante, ¿acaso los estudios de impacto ambiental, información de las licitaciones o contratos de proyectos sensibles pasados o que se encuentren en licitación?
Ahora que el Ejecutivo platea recordar diversos procedimientos administrativos, lo riesgoso es que información elaborada por las empresas o la que brindan al Estado (y son parte de procedimientos públicos) puedan ser catalogados como información secreta, confidencial o reservada. Recordemos que la mayoría de los conflictos socio-ambientales en el país se encuentran en el sector extractivo.
Pueden acceder al documento aquí.
