En diciembre del 2022, el Congreso de la República buscó aprobar del Proyecto de Ley N° 3518/2022, que pretende modificar la Ley N.° 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (Ley PIACI) en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado, sin pasar antes por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, espacio que tiene como facultad debatir proyectos relacionados con pueblos indígenas.
El proyecto legislativo fue presentado por Jorge Morante, congresista de Fuerza Popular y tiene como objetivo trasladar facultades del Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales para que estos tengan la competencia de reconocer la existencia de los PIACI y extinguir reservas indígenas ya reconocidas mediante ordenanza regional; así como suspender de forma indefinida la creación de nuevas reservas y estudios previos de reconocimiento.
Como consecuencia, diversos sectores del Estado, como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura, se han pronunciado en contra del Proyecto de Ley, ya que consideran que es un retroceso en la protección de los derechos de los PIACI. De igual manera, organizaciones indígenas como AIDESEP se han pronunciado rechazando el proyecto a través de un informe jurídico, señalando su inconstitucionalidad y que contraviene estándares internacionales de protección de estos pueblos. Por su parte, la organización indígena Orpio presentó el 20 de diciembre una demanda de amparo contra el Proyecto de Ley debido a que consideran que constituye una amenaza de violación al derecho a la vida y subsistencia de los pueblos en aislamiento.
Desde DAR, consideramos que este proyecto es perjudicial para la protección de los PIACl dado que trasladaría facultades del gobierno central a los gobiernos regionales amazónicos, a pesar de que el Ministerio de Cultura es el ente rector en materia de pueblos indígenas, y por ello es que se impulsan estos cambios sin la participación de la Comisión del Congreso encargada de los pueblos indígenas. En ese sentido, se debe tomar en cuenta que muchas veces algunos gobiernos regionales se han parcializado en favor de grupos de presión locales que niegan la existencia de estos pueblos con el fin de ejecutar proyectos de infraestructura y extracción de recursos naturales con alto impacto ambiental, contraponiendo el desarrollo económico y los derechos humanos.
Por ello, consideramos necesario que se debe tener especial atención con los discursos relacionados a la apertura de la Amazonía como motor de desarrollo económico, no deben ser contrapuestos a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Ya que ocasionaría profundos impactos en el ambiente y en los PIACI que habitan en esas zonas. Una de las consecuencias más graves sería la migración forzada de estas poblaciones, elevando así los conflictos entre grupos indígenas, así como los efectos de deforestación.
La preocupación por las consecuencias del debilitamiento de la protección de los PIACI no es exagerada si se toma en cuenta la reciente experiencia de Brasil. El Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro favoreció políticas anti indígenas en la Amazonía para promover la explotación de los bosques. Las consecuencias de ello han sido el incremento de la deforestación y la puesta en grave riesgo de los pueblos indígenas en aislamiento. En mayo de 2021, la cifra de deforestación en la Amazonía brasileña fue una de las más altas en los últimos años, debido a que se alcanzó un récord de 1.180 kilómetros cuadrados destruidos, o lo que es lo mismo, 67 % más en comparación con el mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) [1]. En julio del 2022, la Corte Suprema de Brasil exigió al presidente Bolsonaro explicaciones por el grave riesgo de genocidio al que se encontraban expuestos los pueblos indígenas no contactados por omisiones estatales que debilitan la protección territorial y física de estos pueblos[2].
Es importante resaltar que la aprobación de este proyecto de ley conllevaría que el Estado peruano incumpla obligaciones nacionales e internacionales como es el caso del Convenio 169 de la OIT que tiene como finalidad garantizar la protección del territorio indígena, así como evitar condiciones que acarreen situaciones que impliquen el desplazamiento forzado, o la intrusión no autorizada en los territorios, o todo uso no autorizado por los terceros ajenos a los mismos.
Del mismo modo, se incumpliría lo establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[3], apoyada por el Perú y que establece el derecho a la libre determinación para determinar su condición política y su desarrollo económico, social y cultural (en este caso decidiendo permanecer aislados o establecer contacto inicial), así como el derecho a no sufrir asimilación forzada o la destrucción de su cultura.
Finalmente, se debe precisar que, a diferencia de lo que sostienen los grupos de presión y empresariales, no existe una contraposición entre el desarrollo local y el reconocimiento de derechos humanos; al contrario, es posible garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo con enfoque de derechos humanos.
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[1] La deforestación de la Amazonía brasilera alcanzó cifra récord en mayo https://actualidad.rt.com/actualidad/395048-deforestacion-amazonia-brasilena-alcanza-cifra-record-mayo
[2] Justicia exige a Bolsonaro explicaciones sobre protección a indios aislados https://www.swissinfo.ch/spa/brasil-ind%C3%ADgenas_justicia-exige-a-bolsonaro-explicaciones-sobre-protecci%C3%B3n-a-indios-aislados/47733082
[3] Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007 contando con el voto favorable del Perú.