- La comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu pertenece al distrito de Huimbayoc, Valle del Chipurana Yanayacu, departamento de San Martín.
- Solicitan que el bajo Huallaga sea declarado en emergencia ante el incremento del narcotráfico que viene afectando gravemente los derechos de los pueblos indígenas
- Representantes de la comunidad indicaron que en agosto de 2020 solicitaron la activación del Procedimiento de Alerta Temprana del MINJUSDH.
Los ataques en contra de las personas defensoras ambientales no tienen fin. Sumada a la reciente denuncia de los integrantes de la comunidad nativa Sawawo de Ucayali, el día de ayer, 20 de agosto, los representantes de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu ubicada en la región San Martín denunciaron que la vivienda del presidente de la ronda comunal fue quemada por agentes relacionados con actividades ilícitas, a quienes la han denunciado con anterioridad. En estos momentos, la integridad física, psicológica y patrimonial de las integrantes de la comunidad también están siendo amenazadas y si no se actúa rápidamente, podría acarrear graves consecuencias.
A finales de julio del presente año, en el marco del Primer encuentro nacional para la protección de defensores y defensoras indígenas de la Amazonía peruana organizado por AIDESEP con el apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), representantes de la comunidad indicaron que las amenazas de muerte incrementaron desde que solicitaron la intervención de la Fiscalía para que realicen una inspección fiscal en sus territorios donde se viene desarrollando la actividad ilícita de narcotráfico y deforestación de bosques.
Los representantes de la comunidad añaden que no cuentan con seguridad jurídica porque su territorio aún no ha sido titulado, por lo que terceros llegan a sus territorios a invadirlos y desplazarlos: “Es preocupante que las autoridades no intervengan para detener esta situación, los líderes y las lideresas viven amenazados, discriminados y reciben diversos ataques, sin embargo pese a este contexto, manifiesta que van a continuar defendiendo sus territorios porque cualquiera no es un defensor, cualquiera no es un líder, pues un defensor está expuesto a ataques contra su vida, la de sus familias y la de sus hermanos indígenas”, indicó un representante de la comunidad.
Pese a que en el 2020 se solicitó la activación del Protocolo para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos ante el MINJUSDH, este no ha sido del todo efectivo, ya que hubo una demora de cinco meses para evaluar su admisibilidad. Mientras que en paralelo se han mantenido problemas graves como: (i) el tráfico de tierras que ocurre a través de la parcelación individual del territorio ancestral; (ii) la superposición de derechos que ocasionan el otorgamiento de concesiones forestales maderables y genera una dinámica extractivista en los bosques comunales; y, (iii) la constante falta de acceso a la justicia, que conlleva a una situación de desprotección de los/as defensores/as indígenas.
(Conforme fue presentado por las organizaciones que integran el Grupo de Trabajo de Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que realizaron un Balance de la política de protección de personas defensoras en el Perú en el marco de la Audiencia del 179º periodo de sesiones de la CIDH: https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2021/04/Defensores-CIDH.pdf)
DAR se une a las exigencias de los líderes y lideresas de la comunidad, quienes requieren acciones inmediatas y una mayor protección de sus derechos frente a los actos que ocurren contra su vida e integridad física, psicológica y patrimonial. Por lo cual, hacemos un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para las acciones inmediatas que mitiguen el riesgo, y a las autoridades de Agricultura y Gobierno Regional para que se avance en el proceso de titulación territorial de la comunidad.