Lima, 1 de septiembre de 2020.- José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador General de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) lamentó que, a pesar de que los Estados cuenten con instrumentos legales que amparen los derechos de los pueblos indígenas estos aún no son efectivos. Precisó que entre 2015 y 2019, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas documentó 302 casos de defensores y defensoras asesinadas, de ellas el 89% aun no encuentran justicia.
El coordinador de la COICA enumeró algunos retos que considera presenta el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú, como garantizar la voluntad política para que se respeten sus contenidos, el territorio y la naturaleza frente a los intereses de las empresas extractivas y de monocultivos; el desempleo, la flexibilización de las normas ambientales, y la revisión de las concesiones mineras y petroleras. También indicó que la COICA con el Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas, está muy vinculado con el artículo 9 del acuerdo, por lo que los pueblos indígenas están dispuestos al diálogo para que el tratado se ponga en marcha con enfoque indígena. Hizo un llamado a su entrada en vigor.
Estas declaraciones las dio en el webinario “La ratificación del Acuerdo de Escazú: Avances e importancia para América Latina y el Caribe”, organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en alianza con la Coalición por la Transparencia y Participación, la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, Cultura Ecológica de México, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) de Chile, Fundação Grupo Esquel de Brasil y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
#EscazúAHORA
La actividad virtual también contó con la participación de Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (Cepal), precisó que existe una conexión entre el derecho al medio ambiente sano garantizado y el derecho a la vida, por lo que el Acuerdo de Escazú apuesta al futuro. Aída Gamboa, coordinadora del programa Amazonía de DAR agregó que es muy importante seguir difundiendo los contenidos del tratado internacional dado lo necesario que es para asegurar los derechos de los más vulnerables, siendo nuestra región una de las más peligrosas para defender derechos humanos.
Christian Guillermet-Fernández, Viceministro para Asuntos Multilaterales de Costa Rica, alentó a los Estados a seguir el camino del Acuerdo de Escazú, como lo viene haciendo su país en el Parlamento. Fernando Patricio Flores de la Asamblea Nacional de Ecuador quien hace unos meses ratificó el tratado manifestó que ello contribuirá a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. La viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), Lies Linares, informó sobre los aportes del convenio para Perú y despejó las dudas en torno a su contenido que son materia de discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.
Acceso a la información, participación y justicia ambiental
María Alejandra Aguilar de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, Colombia)precisó que el Acuerdo de Escazú busca la inclusión y reivindicación de los derechos de acceso de la sociedad civil y poblaciones vulnerables, pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros, pues facilita el acceso a la información y participación considerando las condiciones y características de la población. Tomás Severino de Cultura Ecológica (México) agregó que también incluye temas nuevos para que las “legislaciones se actualicen al siglo XXI”, como los datos abiertos de información que es “pública y es de todos, pero que se encuentra en formatos que es difícil de utilizar y sacarle provecho”. Por su parte Rubens Born de la Fundación Grupo Esquel (Brasil) indicó que el tratado es vital “no solo en fortalecer los estándares nacionales, sino porque mira al acceso a la información y la participación pública no solo como derechos, sino como fundamentos para una nueva ciudadanía con gobernanza”.
Andrés Nápoli de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina) explicó que Escazú en cuanto a justicia ambiental otorga herramientas con una mirada colectiva y preventiva, y que este derecho es central para la protección de las y los defensores de derechos ambientales. Por su parte Gabriela Burdiles de la organización Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA, Chile) comentó que el artículo 8 del convenio “asegura el derecho, pero en el marco de la legislación nacional”. Esto es relevante, en especial, cuando se dice que el Acuerdo puede vulnerar la soberanía de los Estados.
DATO
El Acuerdo de Escazú sobre los derechos al acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, que además incorpora disposiciones para la protección de las personas defensoras del ambiente en América Latina y el Caribe necesita de 11 países para su entrada en vigencia. A la fecha nueve países lo han ratificado. En el caso de Argentina el Senado le otorgó la media sanción por lo que su futuro está en manos de la Cámara de Diputados. Los gobiernos de México y Colombia lo han ingresado a sus respectivos legislativos para su debate; mientras que en Perú y Costa Rica se viene discutiendo en sus parlamentos.