Ciudad de Guatemala, 29 de noviembre de 2019.- Solo en Perú, según datos de la Defensoría del Pueblo, más del 60% de los conflictos sociales son de carácter ambiental. A esto se suma que América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para defender derechos. Bajo este contexto, en 2018 se adoptó el Acuerdo de Escazú, primer instrumento ambiental con enfoque de derechos humanos y defensores del ambiente en la región.
A la fecha 21 países de la región han firmado el Acuerdo y de las 11 ratificaciones que se necesitan para que entre en vigor, se cuentan con 5 ratificaciones (Guyana, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay). Su importancia e impacto sobre el abordaje de la conflictividad de la región fue el foco del XI Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina y el Caribe, desarrollado el 27 y 28 de noviembre en la ciudad de Guatemala, que congregó a sociedad civil, funcionarios públicos y pueblos indígenas de 11 países.
“El mejor modo de solucionar los problemas ambientales es con la participación de todos y todas”, señaló Harald Klein, embajador de Alemania en Guatemala en la apertura del Foro. Consideró, además, que el Acuerdo de Escazú es la oportunidad de involucrar a la ciudadanía con información pertinente, siendo necesaria amplificar su difusión en región.
Participación: corazón del Acuerdo de Escazú que previene conflictos
La participación ambiental es una oportunidad para ejercer la corresponsabilidad de la ciudadanía en la toma de decisiones frente a proyectos que afectan su derecho a un ambiente sano. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) formó parte de la mesa “Participación en temas ambientales”, donde presentamos las potencialidades del Acuerdo para la participación efectiva, una de las principales demandas en los conflictos socioambientales.
El espacio fue una oportunidad para ampliar los contenidos del Acuerdo a más actores y población que escuchaba por primera vez de la herramienta. Además, dar a conocer sus beneficios como el de asegurar la participación en etapas tempranas al proceso de toma de decisiones, con enfoque intercultural, donde el Estado brinde información clara y oportuna.
Asimismo, se presentó el estado del proceso de ratificación en Perú y las iniciativas nacionales y regionales que contribuirán con la implementación del Acuerdo que han sido promovidas desde sociedad civil. Por ejemplo, con miras al cumplimiento del artículo de defensores en el Acuerdo se mencionó como vital en Perú, la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos, el Protocolo para garantizar la protección de los Defensores y la elaboración de un registro de estas personas por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Annie Morillo, especialista de DAR, informó además el caso del Observatorio de Justicia Ambiental, en el marco de los compromisos del Pacto de Madre de Dios liderado por el Poder Judicial, para la sistematización de los procesos judiciales en material ambiental, así como la articulación de una red de jueces y fiscales ambientales, con miras a fortalecer la justicia ambiental con un enfoque intercultural. Ambas experiencias promovidas por DAR.
También se identificó como uno de los retos en el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú, especialmente en lo referido a la protección de defensores, es el involucramiento de los pueblos indígenas, quienes desde la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y su Programa de Defensores y Defensoras Indígenas, cuentan con una hoja de ruta para su participación en los procesos de firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, que a su vez busca fortalecer su acceso a la justicia ambiental.
#EscazúAHORA
La mesa sobre Participación, además, contó con la presencia de Tomás Severino de Cultura Ecológica de México y representante del Público en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, quien explicó la participación de sociedad civil de cara a la adopción del Acuerdo, como experiencia innovadora a replicarse en la negociación de acuerdos internacionales.
Junto a él otros socios regionales, quienes al igual que DAR siguen de cerca el proceso de Escazú, estuvieron presentes en el Foro: el Centro Mexicano de Derecho Ambiental con Alejandra Leyra, Clarisa Vega del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras y Fátima Contreras de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en la mesa sobre Justicia Ambiental y Defensores de Derechos Ambientales. Daniel Barragán del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad de Los Hemisferios hizo lo propio en la mesa sobre Acceso a la información. Además se contó con expertos internacionales en temas de gobernanza, agua, acceso a la información y justicia.
La mesa de cierre contó con la exviceministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, Patricia Madrigal, quién desde su experiencia como parte del equipo negociador del Acuerdo, profundizó sobre los retos y oportunidades del Acuerdo de Escazú. Finalizada la jornada, se dio lectura a la Declaración del Foro donde se hace un llamado a los países de América Latina y el Caribe para la firma, ratificación e implementación del Acuerdo, siendo el llamado uno solo #EscazúAHORA.