Más de 100 instituciones a nivel nacional e internacional, además de personalidades de todo el país, se han sumado en un pronunciamiento público para exigir a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República que ratifique el Acuerdo de Escazú.
El miércoles 15 de octubre, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Gilmer Trujillo, en declaraciones a un medio de prensa, adelantó que las opiniones de los diversos especialistas que fueron consultados sobre este acuerdo, darían como resultado un dictamen de archivamiento de la ratificación del Acuerdo de Escazú, anulando así la posibilidad de que sea debatido en el Pleno del Congreso.
Pese a los esfuerzos de diferentes sectores sociales y ambientales, pueblos indígenas u originarios y especialistas, por explicar ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República la importancia de este acuerdo para nuestro país, las declaraciones de Trujillo indicarían que la decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú, ya estaría tomada. Ante esta situación, es que instituciones y personalidades de la sociedad civil nacional e internacional, han emitido un pronunciamiento en el que solicitan al Congreso que ratifique este acuerdo.
El documento resalta que son 10 los ministerios que emitieron opiniones oficiales a favor de este acuerdo, así como el Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Asimismo, se han realizado 13 sesiones virtuales que contaron con 49 opiniones de especialistas a favor y en contra de este acuerdo. En ese sentido, cabe resaltar que de las opiniones consideradas solo dos fueron de pueblos indígenas u originarios, y unas pocas
posturas favorables a la ratificación.
A pesar de éste proceso, y de contar con el respaldo de instituciones, organizaciones de sociedad civil, juveniles y de pueblos indígenas u originarios, iglesias, entre otros, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso pareciera desconocer los beneficios que brinda la ratificación del Acuerdo de Escazú, y con ello, mostraría su desinterés por asegurar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos ambientales de las peruanas y peruanos, y brindar garantías para la vida de defensores y defensoras, que sólo en éste año suman 5 asesinados.
Es por esto que, la sociedad civil nacional e internacional, se dirige a todos aquellos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República que se oponen a su ratificación, para que puedan replantear su decisión, ya que, además de garantizar la plena y efectiva implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú es el primero en materia de derechos humanos, que aborda la protección de las defensoras y los defensores ambientales.
Sobre el Acuerdo de Escazú:
El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad única para que el Estado peruano recupere y fortalezca los lazos de confianza entre nuestras autoridades y las peruanas y peruanos, así como para afianzar el compromiso del sector empresarial en la gestión ambiental del territorio nacional. Respetando nuestra soberanía, el Acuerdo de Escazú fortalecerá lo avanzado en nuestra legislación nacional y la cooperación entre nuestros países para un mejor cuidado de nuestra casa común.
El pronunciamiento sigue recibiendo adhesiones, puedes leer el documento completo y ver las organizaciones y personas adherentes en el siguiente enlace: https://bit.ly/3k5M59v