Lima, 16 de marzo de 2021.- Dos meses después del derrame de petróleo que afectó las costas peruanas, las debilidades en transparencia y acceso a la información sobre el derrame “no han encontrado un adecuado tratamiento desde sus inicios, tanto desde las medidas adoptadas por el Estado peruano como la empresa REPSOL, siendo la información brindada a la fecha aún incompleta desde un fondo técnico respecto al aspecto ambiental pues requiere un mayor detalle, y la urgencia de tratar a profundidad la perspectiva humanitaria y socioeconómica”, concluye el último documento de análisis de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sobre este tema.
Es así que las falencias en la transparencia de la información han sido resaltadas por el Informe de la Unidad de Emergencias Ambientales de la ONU sobre el desastre (Informe UEA-ONU), que señala entre sus principales hallazgos que no se evidencia análisis de necesidades ni evaluaciones de daños a la población afectada, que permita evidenciar la magnitud de la afectación en sus medios de vida, diferenciado por género, edad y ubicación, para poder cuantificar adecuadamente las acciones indemnizatorias.
Al respecto, el citado informe precisa que solamente se identificó una labor de empadronamiento a las localidades a través de las asociaciones de pescadores, no incluyendo a otros grupos afectados, no identificando mecanismos de retroalimentación a las comunidades, para mejorar la atención a las personas afectadas.
Frente a ello, se insta al Estado peruano y a Repsol a contar con la información referida sobre los gastos efectuados por la empresa para la atención de la emergencia ambiental; la la visibilización y respuesta ante el daño social; y a realizar reportes periódicos sobre las acciones de remediación de forma más detallada, incluyendo los costos y tecnología empleada, y la información oficial sobre los impactos a la salud de la población, entre otros puntos.
Información sobre el derrame que debe transparentarse
En el documento de análisis de DAR se resalta que deben transparentarse los reportes periódicos sobre el cumplimiento de las acciones de primera respuesta y de remediación con un mayor nivel de precisión y claridad, así como los planes de trabajo vinculados a ellas. Para asegurar altos estándares en ellos, OEFA debe contar con el asesoramiento de expertos al momento de evaluar el informe final de REPSOL.
Por otro lado, REPSOL, OEFA y OSINERGMIN, a través de un informe conjunto, deben especificar cómo se viene implementando el Plan de Remediación de REPSOL, el cual debería incluir la opinión técnica de una institución externa, contratada por el Estado y experta en evaluación de derrames.
Así también, se debe transparentar el gasto asignado a las acciones de limpieza y remediación, para verificar el cumplimiento de la aplicación de altos estándares. Ello incluye detalles sobre el personal, equipos, subcontratistas, y técnicas y/o tecnologías usadas por REPSOL.
Además, debe darse a conocer la información oficial por parte del MINSA y MINAM sobre los impactos y la atención a la salud de las poblaciones y los ecosistemas frente al derrame, incluyendo el Plan de Intervención elaborado por el sector salud.
Finalmente, REPSOL debe transparentar el daño social ocasionado, así como los gastos y acciones para la compensación y apoyo a la población local, como los gremios de pescadores, asociaciones de gastronomía y servicios turísticos.
En camino a sanción
La falta de transparencia y acceso a la información en el marco de esté desastre ambiental de La Pampilla ha sido tan evidente que el propio OEFA ha iniciado recientemente un procedimiento sancionador a Repsol por la remisión de información falsa en su Reporte Preliminar de Emergencia Ambiental. Cabe acotar que -según refieren medios de comunicación-, en el referido reporte Repsol señala que el derrame fue de 0,16 barriles de petróleo (France24) y que afectó un área de 2,5 metros cuadrados, pese a que se ha podido constatar que el derrame ha superado los 10 mil barriles de petróleo (El Comercio) y el área afectada alcanza una extensión de 11.061 hectáreas (OEFA). Ante el incumplimiento mencionado, Repsol podría ser sancionado con una multa de hasta 1000 UIT, equivalente a un aproximado de 4.6 millones de soles, de acuerdo al OEFA.
Un momento clave para fortalecer la transparencia
Frente a este contexto, se debe fortalecer propuestas como la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI), que en el marco de su nuevo estándar 2019, incluye como requisito promover la transparencia de información ambiental, que contribuye a que se pueda transparentar acciones frente a los derrames por parte de las empresas como Repsol, así como transparentar el gasto de la empresa en las medidas de prevención, mantenimiento, contención, limpieza y remediación.
Ello toma especial relevancia frente a la visita oficial en las siguientes semanas de representantes del Secretariado Internacional de esta iniciativa, de cuyos resultados depende la permanencia de Perú como miembro de la iniciativa, ante el actual incumplimiento del Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, de cumplir con compromisos del país, tales como culminar el Octavo Informe Nacional de Transparencia en el sector extractivo.