Por: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
“Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora”, dijo el papa Francisco en su reciente visita al Perú, durante el “Encuentro con los Pueblos de la Amazonía” en el Coliseo Regional de Madre de Dios. Y es que, en nuestro país, los pueblos indígenas enfrentan una situación crítica: 40% de sus territorios están sin titular, sus niveles de desnutrición alcanzan el 70%, el 60% de la población Nahua, pueblo en contacto inicial, poseen altos niveles de mercurio en sangre (https://goo.gl/Q35PVW); y una serie de pueblos indígenas no tienen acceso al agua, a causa de derrames petroleros (https://goo.gl/uPY2KA).
En los últimos 10 años, hemos sido testigos de dos procesos que reflejan las dos miradas sobre el desarrollo y el ejercicio de derechos. De un lado, tanto el pico como la caída del “boom” de la exportación de materias primas, que amplió las fronteras extractivas, y convirtió a la superposición de proyectos a territorios indígenas en un tema central. Del otro, la aprobación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como instrumento internacional que según la Constitución del Perú, “forman parte del derecho nacional”.
Así, para un caso, el Estado promovió un proceso de “flexibilización” con el objetivo de reactivar la economía, que entre otras cosas, logró que el sector minería e hidrocarburos crezca en 5.55% a diciembre de 2017 (https://goo.gl/qqWLoq), recuperándose. En el segundo, después de 10 años de firmada la Declaración, su adecuación a la normativa nacional sigue pendiente, como la implementación del derecho a la libre determinación o autogobierno de los Pueblos Indígenas.
Al leer ambos procesos, queda claro que es necesario mejorar el marco legal de las inversiones, sin que esto vulnere derechos. Por ejemplo, escenarios donde se exige el cumplimiento de derechos como la consulta previa a través de sentencias judiciales, revelan ciertas restricciones, en donde es necesario identificar normas de alcance internacional y velar por su adecuación como herramienta para el fortalecimiento de la institucionalidad nacional.