- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), como parte de las organizaciones que forman parte del Mecanismo Público Regional, estuvo en la sesiones de negociación en Chile por un Principio 10 vinculante.
Lima, 7 de diciembre de 2017.- Entre un tira y afloja, el pasado 1 de diciembre concluyó la Octava Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en la sede de CEPAL en Santiago de Chile. Una oportunidad más para que los gobiernos muestren su voluntad política hacia un instrumento legal que eleve un estándar mínimo, efectivo y garantista en los derechos de acceso a la información, participación y justicia en la región.
Tras la anterior reunión llevada a cabo en Argentina, una de las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que participan y siguen el proceso de negociación (a través del Mecanismo Público Regional, también denominado Público), era que el documento contenga un carácter regresivo. En dichas sesiones, varias de las propuestas del Público en los artículos de ‘Acceso a la información’ y ‘Generación y difusión de información ambiental’ no fueron recogidas.
Ya en la recta final de las reuniones en Santiago de Chile (Día 5), donde se discutieron aspectos como los Objetivos, Definiciones y Principios del Acuerdo se volvieron a encender las alertas. En ese sentido, Andrea Cerami del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), miembro del Mecanismo Público, hizo un llamado a las delegaciones para adoptar estándares más avanzados que puedan garantizar los derechos marco del Principio 10. Además, hizo referencia al pronunciamiento donde más de 60 organizaciones de sociedad civil de la región hacen ese mismo pedido.
La sociedad civil se manifiesta
El pronunciamiento, “Un Acuerdo sobre Principio 10 VINCULANTE que no debilite estándares en acceso a la información, participación y justicia ambiental de la región”, fue una iniciativa de varias organizaciones de sociedad civil –que participaron en la Cuarta Reunión Regional “Derechos humanos, transparencia e inversiones: Consolidando una agenda en común”, el 30 y 31 de agosto de 2017, en Lima (Perú). Tuvo como objetivo respaldar el trabajo que realiza el Mecanismo Público, para que se concluya el proceso con un documento robusto y garantista de derechos.
Asimismo, buscó llamar la atención de los Gobiernos para lograr un Acuerdo que implemente de manera efectiva los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Y de esta marera, generar condiciones hacia un desarrollo sostenible, la reducción de la conflictividad socio-ambiental y la protección de los defensores ambientales.
De igual modo, solicitaron que el proceso tome en cuenta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas como observadores, y se recoja la jurisprudencia realizada por estas instancias a fin de asegurar no se debiliten estos derechos en América Latina y el Caribe. Igualmente, garantizar la difusión de la mayor cantidad de información ambiental, como las emisiones de contaminantes y los estudios de impacto ambiental, entre otros.
Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL señaló que es un proceso lento y complicado, por ello se debe seguir apoyando los esfuerzos realizados. Además, agradeció el trabajo de todos los actores en la negociación.
Durante la clausura, Gabriela Burdiles (FIMA, Chile), representando al Público, indicó que el único resultado aceptable y válido de este proceso es la opción de un convenio vinculante, con definiciones amplias y no restrictivas. En ese sentido, informó que la Petición “El futuro del ambiente en las manos de los Gobiernos”, promovida por el Público consiguió más de 1030 firmas (y contando) de ciudadanos y ciudadanas, quienes demandan un compromiso regional serio por la democracia ambiental.
Esta petición fue parte de la campaña que el Público, y sus organizaciones miembros (entre ellos DAR), lanzó el 14 de noviembre de 2017, poco más de una semana de inicio de la VIII reunión de negociación. El objetivo fue evidenciar a los gobiernos partes que la ciudadanía espera un mayor compromiso político con un instrumento sólido que eleve los estándares de los derechos de acceso a la información, participación y justicia, y no los debilite.
Enfoque de defensores y defensoras
Imagen: DAR.
Otro pedido de sociedad civil fue que el Acuerdo cuente con un enfoque intercultural a favor de poblaciones vulnerables, especialmente para los/las defensores del ambiente, de cara a la negociación del art. 9 bis. En ese sentido, tras el debate se logró un texto consensuado, cuyos tres numerales pretenden generar las condiciones para su protección, del cual se obtiene el siguiente texto:
Si bien aún quedan pendientes temas. De concluir con un acuerdo vinculante y de mantenerse la versión convenida de dicho artículo, se trataría del primer convenio vinculante con un tratamiento específico de defensores y defensoras del ambiente para América Latina y el Caribe.
Costa Rica será la nueva sede de las negociaciones del acuerdo, programadas para febrero de 2018, no se sabe aún si será la definitiva, aunque sería probable teniendo en cuenta que el próximo año varios de los países que se encuentran negociando, cambiarán de gobernantes. Estemos atentos y vigilantes del proceso para evitar un debilitamiento al estándar y que se promuevan verdaderos cambios para mejorar los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en temas ambientales.