Foto: Flickr/Ministerio de Defensa.
- Juez levanta el secreto de las comunicaciones de exfuncionarios de Proinversión.
- DAR identifica la falta de publicidad de las decisiones de exfuncionarios en comité de licitación de Proinversión como una falencia en licitación de GSP.
- Desde el 28 de abril, Estudios Técnicos SAS custodiará y administrará temporalmente los bienes del Gasoducto Sur Peruano hasta la concesión definitiva a cargo de Proinversión, a realizarse en el primer trimestre de 2018.
Lima, 4 de mayo de 2017.- Los hallazgos de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sobre el –ahora detenido– Gasoducto Sur Peruano (GSP) ponen en relieve la importancia de contar con criterios de gobernanza en el proceso de licitación de proyectos extractivos y de infraestructura. Del monitoreo periódico sobre gobernanza que realiza DAR se revisó y analizó los mecanismos de transparencia aplicados en el proceso de otorgamiento de derechos del GSP realizado por Proinversión entre los años 2013 y 2014.
Se identificó que para evitar conflictos de intereses es necesario conocer información desde la etapa de planificación de una licitación, así como hacer públicos los nombres y perfil de los funcionarios responsables. En la última semana, se aprobó el levantamiento del secreto de las comunicaciones a los miembros del Comité Proseguridad Energética de Proinversión que condujeron la licitación de la concesión del GSP y declararon ganador a la concesionaria Gasoducto Sur Peruano SA (que tuvo como accionista a Odebrecht Latinvest Perú). Esto es parte de las investigaciones por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible (corrupción de funcionarios), en el marco de las revelaciones del caso Lava Jato. Lo que muestra la importancia del papel de estos integrantes y el porqué de que su información profesional deba ser revelada.
Otro aspecto importante encontrado por DAR fue que los criterios de evaluación de postores en una licitación necesitan ser transparentados y de acceso al público vía página web de la entidad competente. Así, se fortalece el rol vigilante de todos los peruanos y de aquellas poblaciones cuyos territorios podrían ser impactados o estar superpuestos a obras de gran envergadura, como los pueblos indígenas.
Debe suceder lo mismo con la documentación generada por los demás sectores involucrados y opiniones que se solicitan durante un proceso de licitación, así como las auditorías realizadas posteriormente. Recordemos que la Contraloría General de la República, en el caso del GSP, observó 5 aspectos del proceso de licitación como: los postores, las bases de licitación, el contrato, la sostenibilidad y las garantías del proyecto, opinión que no fue tomada en cuenta en la toma de decisiones sobre la aprobación del proyecto[1].
Esto indica que también es vital la implementación de mecanismos complementarios de participación de sociedad civil y pueblos indígenas en los procesos de licitación, que también sirvan para la rendición de cuentas del proceso. De este modo, las poblaciones afectadas se convierten en coparticipes del Estado, se reduciría la desconfianza de la población sobre los proyectos y la toma de decisiones se darían en procesos transparencia y de publicidad.
Con estos elementos, la ciudadanía interesada puede vigilar un proyecto de inversión desde todas las etapas, así como también funcionarios públicos, sectores e instituciones interesadas en alertar irregularidades para el beneficio del país. Hasta enero de este año los recursos de los peruanos estuvieron comprometidos para financiar la construcción del GSP, a través del alza del 1% en los recibos de luz desde enero 2015, subsidio promovido por préstamos para políticas de desarrollo por el Banco Mundial al Estado peruano (más información ver informe de DAR).
Los casos de corrupción que han impactado a doce países de América Latina y el Caribe, no son la excepción, en el Perú. Proyectos como la Interoceánica y el GSP son ejemplos de que sin candados anticorrupción en las licitaciones y contratos se pone en riesgo el desarrollo del país.
Estas primeras recomendaciones son claves en los nuevos procesos de licitación que realizará Proinversión (actualmente existen 16 proyectos priorizados), y para el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana y de los pueblos indígenas. Asimismo, para el proceso que el Ministerio de Energía y Minas y Proinversión realizarán en el primer trimestre de 2018 para la concesión definitiva del GSP, bajo el mecanismo de Invierte.pe, cuya administración y custodia está a cargo de Estudios Técnicos SAS.
ACTOR CLAVE: La Contraloría
Decretos Legislativos dados por el actual gobierno estarían debilitando el papel de la Contraloría en los procesos de licitación de obras y APPs a nivel nacional, regional y local.
Específicamente el Decreto Legislativo 1250 (Primera Disposición Complementaria Final) y el Decreto Legislativo 1251 (artículo 16, inciso 5), señalan que la Contraloría General de la República emitirá un informe previo no vinculante antes de la aprobación de un contrato, el cual sólo podrá versar sobre aquellos aspectos que comprometan la capacidad financiera del Estado.
Ante ello, es necesario fortalecer el papel de la Contraloría, la cual debería participar durante todo el proceso de licitación de cualquier tipo de proyecto de inversión para asegurar la prevención, control y supervisión del manejo de los recursos y bienes públicos. En ese sentido, los informes de Contraloría (que realice de oficio o por denuncias de terceros) deben ser socializados y accesibles vía web, así como difundidos a las poblaciones potencialmente impactadas por las APP.
Foto: DAR.
Estos fueron algunos de los temas que DAR presentó dentro de las actividades previas autogestionarias en el marco del Foro Social Pan Amazónico (FOSPA): “Taller de preparación para la participación para la participación de comunicadores indígenas en el Foro Social Pan amazónico”, realizado en la Cámara de Comercio de Tarapoto y Foro Público “Transparencia y vigilancia frente a la corrupción: El rol de la sociedad civil y los medios de comunicación”, realizado en la Universidad Nacional de San Martín (Tarapoto). Eventos organizados por Friedrich Ebert Stiftung y Servicios en comunicación Intercultural (SERVINDI), que contaron además con la participación de Ojo Público y Proética.
[1] La Contraloría General de la República, en agosto de 2015, presentó un informe con 5 observaciones en el proceso de promoción del Gasoducto que dio como ganador al grupo conformado por Odebrecht (1. Un postor fue descalificado sin que haya vulnerado las bases del concurso. 2. Las bases no permitían evaluar la calidad de las propuestas de los postores. 3. En la versión final del contrato cambiaron las cláusulas en beneficio del ganador. 4. La sostenibilidad del proyecto no estaba garantizada. 5. No existe garantía de reservas disponibles de gas. Ver: http://bit.ly/2oNvwCN).
ACTUALIZACIÓN:
[04/05/17 – 4:00 pm] Según informa Perú21, el presidente Pedro Pablo Kuczynki anunció que a más tardar a fin de año se realizará la nueva licitación para el Gasoducto Sur Perú.