Defensores y defensoras ambientales provenientes de las organizaciones indígenas Central Asháninka del Río Ene (CARE) de Junín, Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) de Ucayali y Huánuco, y la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (CONACCUNAY) de Loreto se reunirán en la ciudad de Lima del 4 al 6 de noviembre en el Encuentro de Personas Defensoras Ambientales y del Territorio.
Este Encuentro tiene el propósito de articular acciones que fortalezcan las estrategias de autoprotección comunitaria frente al asedio de actividades ilegales en sus territorios, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala no autorizada y el tráfico de tierras. Asimismo, se busca presentar propuestas técnicas ante el Estado peruano, transitando de la protección individual a los defensores a la persecución de las redes logísticas y financieras del crimen organizado.
Diagnóstico territorial: el asedio del crimen organizado y la respuesta estatal
Durante el Encuentro se presentará el documento “Economías ilícitas y personas defensoras en la Amazonía peruana”, el cual contiene un diagnóstico elaborado en conjunto con los equipos de CARE, ORAU y CONACCUNAY. Este informe evidencia que la violencia ejercida contra los liderazgos indígenas es la manifestación directa de delitos económicos de gran escala, los cuales mueven cerca de USD 7,500 millones de dólares anuales en el Perú.
Entre junio de 2019 y junio de 2026, el Registro oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) atendió 618 situaciones de riesgo que afectaron a 915 personas defensoras y 111 familiares; de estas, cerca del 69% estuvo directamente vinculado a actividades ilícitas. Asimismo, el citado documento advierte sobre el grave nivel de impunidad existente: de 40 casos de asesinatos registrados contra defensores ambientales entre 2013 y 2024, solo 5 han culminado en una condena judicial. Y en este escenario, la presión delictiva se intensifica aceleradamente en diferentes regiones:
- En la región Loreto, las dragas de minería ilegal se incrementaron de 178 a 421 entre los años 2023 y 2026, en 13 ríos de dicha región, teniendo al río Nanay como uno de los más afectados.
- En la cuenca del río Ene (Junín – VRAEM), coinciden la expansión de cultivos de coca, pozas de maceración y la presencia de remanentes subversivos sobre territorios de comunidades nativas.
- En el ámbito de ORAU (Ucayali, Huánuco y Loreto), se han identificado más de 56 pistas de aterrizaje clandestinas vinculadas al narcotráfico y al tráfico de tierras.
Foto: Fernando Rivera/DAR
Ocho reformas prioritarias para la protección y el combate a las economías ilícitas
Ante este escenario, se proponen ocho reformas prioritarias orientadas a articular la protección comunitaria con la persecución efectiva del crimen organizado que abordan: (1) dar rango de ley a la protección colectiva y territorial, (2) unificar las investigaciones fiscales sobre la logística y financiamiento delictivo, (3) garantizar el cierre del REINFO al 2026 e incluir salvaguardas en la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE), (4) interconectar los sistemas de información pública en tiempo real, (5) reconocer y financiar los sistemas comunitarios de autoprotección indígena, (6) asignar presupuesto para el saneamiento y titulación de territorios en riesgo, (7) desplegar una justicia descentralizada con enfoque intercultural y de género, y (8) reforzar la transparencia y el control político sobre el financiamiento electoral.
Diálogo con actores clave e incidencia ante el Estado
Durante los tres días de trabajo, los líderes y lideresas indígenas compartirán experiencias sobre sus sistemas de vigilancia comunitaria y se consolidará un pliego unificado de propuestas. También se desarrollará un diálogo multiactor cuya agenda se centrará en «Minería ilegal y economías criminales en la Amazonía», en donde participarán actores clave del Estado, de la Cooperación Internacional, de la academia, del sector privado y de la sociedad civil. Finalmente, la delegación de defensores y defensoras sostendrá reuniones bilaterales con diversos sectores del Ejecutivo y comisiones parlamentarias especializadas para trasladar las propuestas del informe y las conclusiones de los dos primeros días directamente a los espacios de decisión.
Hacia una articulación sostenible: Próximos pasos y seguimiento estratégico
Este encuentro forma parte de un proceso de articulación que las organizaciones indígenas vienen consolidando desde 2022 con el acompañamiento de DAR. En ese marco, para dar continuidad a los acuerdos alcanzados y promover la implementación efectiva de las ocho propuestas de solución planteadas, las organizaciones indígenas impulsarán un mecanismo de coordinación permanente que permita monitorear los avances, identificar desafíos y dar seguimiento a los compromisos asumidos por las entidades del Estado.
A su vez, esta iniciativa fortalece la relación estratégica y fluida entre las organizaciones indígenas, la cooperación internacional, la sociedad civil y los sectores estatales relevantes, estructurando un frente unificado y sostenible orientado a la protección integral de la Amazonía y de las personas defensoras ambientales.