– Especialistas advierten que extender el proceso de formalización minera hasta 2026 sin una reforma integral fortalece redes criminales, incrementa los costos socioambientales para los peruanos y abre la puerta a la infiltración de dinero del oro ilegal en procesos electorales.
– Además alertan que desde el congreso se pretende incorporar a los 50 mil REINFO que fueron excluidos en julio de este año.
Lima, 11 de diciembre de 2025. El debate legislativo sobre la ampliación de la formalización minera (REINFO) ha encendido alertas en la sociedad civil debido a que el Congreso aprobó en primera votación la extensión del proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2026. Ampliar este registro sin una reforma profunda puede extender la presencia de economías ilegales en la política, incrementar impactos socioambientales y aumentar los crímenes.
Estas advertencias fueron expuestas durante el webinar “El REINFO y la extensión de la impunidad”, organizado por el Observatorio de Minería Ilegal junto con Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en un contexto marcado por la inminente segunda votación parlamentaria de la norma.
Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, advirtió que este contexto aumenta la criminalidad y genera el riesgo de que más dinero de la minería ilegal se infiltre en procesos políticos y electorales. Por ejemplo, la producción de oro ilegal en el país genera alrededor de 4000 millones de dólares. “Con ese dinero, también alcanza para financiar 1.460 campañas presidenciales, 31 mil campañas al gobierno regional y 35 mil para congresistas. Imaginemos que solo se use el 1% de ese monto: ya representa una gigantesca amenaza para el país”, agregó Zevallos.
RESPUESTA CONJUNTA
Ante estos peligros es necesario que la respuesta del Estado sea conjunta y firme. Según el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, los diferentes estamentos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo deben llegar a un acuerdo sobre las políticas públicas, normas y sanciones. “La respuesta ante todos estos fenómenos no puede salir solo de un ministerio, una dirección estatal o un pequeño destacamento policial. Debe ser un esfuerzo de todo el Estado Peruano”, señala.
Desde el sector empresarial, Angela Grosheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que el Ministerio de Energía y Minas, al tener la responsabilidad de fiscalizar el sector debe coordinar y firmar convenios de cooperación con otras entidades técnicas como OEFA y Osinergmin para fortalecer sus capacidades. “Además, si queremos promover una minería artesanal y pequeña minería formal se necesita un abordaje integral y técnico para promover esta actividad de forma sostenible”, agregó.
EVITAR LA IMPUNIDAD
Los especialistas coincidieron en que la ampliación del REINFO sin garantizar mecanismos de control y supervisión efectiva, refuerza la impunidad y expone al país a que los daños ambientales y delitos crezcan a una mayor escala.
El experto en materia ambiental, César Ipenza, también explicó que esta nueva ampliación genera que el Estado peruano persista en el incumplimiento de sus obligaciones ambientales. Esto ha acarreado implicancias en fueros internacionales. Además, Ipenza recordó que en un fallo de abril pasado el Tribunal Constitucional exhortó a que los poderes del Estado no pueden establecer exenciones de responsabilidad penal como parte del proceso de formalización minera. Insistir en esta norma iría en contra de esta disposición.
En ese sentido, Julio Cusurichi, líder indígena y representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), señala que estas normas que surgen desde el Parlamento son un retroceso y ponen en mayor riesgo a los defensores ambientales. “Rechazamos la ampliación del REINFO porque afecta nuestros derechos. Queremos una respuesta firme del gobierno”, dijo.
Paola Bustamante, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, coincidió en el grave riesgo en el que se encuentran las poblaciones ubicadas en los entornos de la minería ilegal. Las redes criminales exponen a niños y adolescentes a la trata de personas y otros delitos anexos.
El debate pendiente en el Congreso puede llegar a convertirse en una catástrofe o una oportunidad para corregir el rumbo y avanzar hacia un sistema normativo riguroso que no debilite la institucionalidad democrática ni agrave la crisis ambiental en las zonas afectadas por la minería ilegal.