Lima, 8 de julio de 2025.– La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República ha registrado como parte de su agenda para hoy a las 2:30pm el debate y votación del predictamen de la propuesta de nueva Ley que regula el régimen especial para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE). El texto se sustenta en los Proyectos de Ley N.º 03634/2022-CR, 09555/2024-PE y otros.
La Comisión, incluso, ha invitado a los ministros de Energía y Minas, Economía y Finanzas, Ambiente y Cultura, para que se pronuncien sobre el alcance de la norma.
Se abre candado peligroso
En el Predictamen, en su Título VIII, establece un régimen especial para la minería aluvial, a pesar de que esta actividad ha sido prohibida en ríos, lagunas y todo cuerpo de agua por su impacto severo y, en muchos casos, irreversible, sobre los ecosistemas acuáticos.
La norma, lejos de prohibirla expresamente, la habilita bajo mecanismos de adecuación progresiva, normalizando una de las prácticas más destructivas asociadas a la minería ilegal.
¿Un nuevo REINFO?
Esta propuesta normativa también plantea la creación del Registro Nacional de la Pequeña Minería, Minería Artesanal (RENAPMA), el cual puede representar una mejora sustancial frente al REINFO en términos de trazabilidad, interoperabilidad y control institucional.
“El RENAPMA puede ser una herramienta poderosa para fortalecer la gobernanza minera en pequeña escala y combatir la minería ilegal, pero solo si se implementa con criterios estrictos, capacidad institucional suficiente y mecanismos de vigilancia ambiental y social”, subraya Gaby Rivadeneyra, Líder de Proyectos en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
“De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en otro sistema formalizante sin contenido real, repitiendo el fracaso parcial del REINFO en controlar la expansión de la minería ilegal en el país”, añade Rivadeneyra.
El debate se da pocos días después de que el Ministerio de Energía y Minas diera por concluido el proceso de formalización minera integral, mediante la Resolución Directoral N.º 0004-2025-MINEM/DGFM, excluyendo más de 50 mil registros suspendidos del REINFO. No obstante, 31 557 registros permanecen activos, la mayoría en zonas con alta conflictividad socioambiental.
“La problemática minera está cada vez más vinculada a economías ilegales. Se requiere un enfoque integral y una normativa que promueva la legalidad, la justicia ambiental y el desarrollo sostenible, especialmente en territorios amazónicos”, enfatizó la vocera.
Un nuevo régimen legal debe garantizar no solo el desarrollo económico, sino también la protección de derechos colectivos, la sostenibilidad ambiental y la gobernanza territorial; y debe desarrollarse con la participación de autoridades ambientales, gobiernos regionales, comunidades afectadas y especialistas en justicia ambiental.
DAR reconoce la necesidad de actualizar el marco normativo aplicable a este sector, pero con un debate responsable, transparente y con respaldo técnico, sin ceder a presiones de grupos sectoriales. La ciudadanía y los actores institucionales deben seguir de cerca este debate legislativo, clave para el futuro de la política minera del país.
*Foto: Agencia Andina.