Por: Gianella Guillén Fernández y Fernando Rivera Rua
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
El Gobierno ha confirmado mediante Decreto Supremo N° 063-2024-PCM que este año se realizarán tres censos nacionales claves: el XIII Censo Nacional de Población, el VIII de Vivienda y el IV de Comunidades Nativas, los cuales se realizarán entre agosto y octubre, de acuerdo al INEI. Sin un reconocimiento adecuado en el censo de este año, los pueblos indígenas corren el riesgo de ser excluidos de políticas públicas y programas que buscan atender sus necesidades específicas.
El censo del 2017 representó un hito importante al incorporar una pregunta de autoidentificación étnica, permitiendo que se puedan evidenciar las brechas étnicas y consolidó una forma estatal para definir lo étnico-cultural para la focalización de políticas públicas (Valdivia, 2022). Así, permitió que casi 6 millones de personas se autoidentifiquen como parte de un pueblo indígena originario.
Para este año, el proceso estaba encaminado con participación de las organizaciones indígenas nacionales, que esperaban que se replique la misma pregunta y que se excluya el término de “mestizo”. Sin embargo, hubo un giro político con el cambio del presidente del INEI en el diseño de las preguntas: se mantendría la categoría de mestizo, sin haber consultado a las organizaciones indígenas sobre esta decisión. En respuesta, las organizaciones como AIDESEP, CNA, FENMUCARINAP y ONAMIAP denunciaron públicamente que no los dejaron participar en el diseño final de las preguntas.
Los censos nacionales son instrumentos fundamentales para la planificación del Estado: a través de su implementación se recoge información clave que sirve de base para el diseño de políticas públicas, programas sociales que afectan a sus comunidades, como los que repercuten en los sistemas de salud, modelos de producción económica, modelos educativos, ordenamiento territorial, organización social y su respectiva asignación presupuestal. En sociedades como la peruana, esta herramienta es una buena oportunidad para conocer no solo la demografía y realidad del país, sino la diversidad étnica y cultural.
Por ese motivo, la permanencia de la categoría “mestizo” en la pregunta de autoidentificación étnica, sin haber llegado a consensos con las organizaciones indígenas nacionales, puede convertirse en una estrategia utilizada por algunos Estados latinoamericanos para homogeneizar la diversidad cultural, invisibilizando a los pueblos indígenas, afrodescendientes y perpetuar las jerarquías sociales y raciales (Wade, 2000).
Esto se debe a que la categoría de «mestizo» es muy ambigua, puede entenderse como mezcla biológica, como pertenencia cultural, como identificación racial, o incluso como estatus aspiracional. Por ello, su inclusión en una pregunta censal sobre autoidentificación étnica puede producir un efecto distorsionador.
La autoidentificación étnica no es solo una cuestión estadística, es un principio fundamental para el ejercicio de derechos colectivos, como la participación política, la consulta previa y la titulación de territorios comunales.
Por ejemplo, en procesos recientes de consulta previa de proyectos de infraestructura vial, comunidades nativas han sido excluidas, a pesar de estar en la Base de Datos del Ministerio de Cultura. Asimismo, la titulación de comunidades campesinas e indígenas ha sido frenada en algunas regiones porque se asume que ya no existen “nuevas” comunidades o porque ya no son indígenas sino “mestizos”. Si el Censo 2025 reduce la presencia indígena en el papel, será más fácil justificar este tipo de exclusiones.
La cuantiosa inversión económica (492 millones) que involucra la realización de estos censos debería responder a un proceso de planeación inclusivo y participativo para garantizar su eficacia. La respuesta a los desafíos como la accesibilidad hacia las poblaciones más alejadas, la capacitación y dotación de recursos a los censistas, pasa por procesos de planificación con perspectiva intercultural y donde se respete el derecho a la participación efectiva de los pueblos indígenas.
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas brindó recomendaciones para el proceso de planificación de los censos, donde sugirió realizar consultas a los representantes de los diferentes grupos poblacionales de un país donde se menciona a los pueblos indígenas, quienes pueden proporcionar información e ideas importantes para el contenido y la parte operacional del censo.
Por ese motivo, el Censo de 2025 no debe convertirse en una herramienta para invisibilizar estadísticamente a los pueblos indígenas. Censar bien no es solo una cuestión técnica, sino también es una decisión política que permite reconocer su diversidad, presencia y derechos colectivos.
- Ver: Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística. Principios y Recomendaciones para los censos de población y habitación. Serie M. N° 67/ Rev.2 (2008)