Pueblos indígenas y especialistas reflexionaron sobre la seguridad territorial indígena en el marco del Aniversario de la Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva.
9 de abril de 2025.- En el marco de los 50 años de la aprobación del Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva; líderes indígenas y representantes de organizaciones de sociedad civil se dieron cita en el Foro “Revisión histórica de la Ley de comunidades nativas y su proyección a futuro», coorganizado por Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
En dicho espacio de diálogo se abordó el contexto, alcances y desafíos de una mayor seguridad jurídica del territorio de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Iveth Peña Dávila de la organización indígena ORAU, reafirmó su preocupación por los conflictos sociales que genera la ausencia y debilidad del Estado en los procesos de saneamiento físico. En ese sentido,Peña hizo referencia a que la superposición de títulos o derechos territoriales se ha incrementado a causa de casos de corrupción y tráfico de tierras.
De esta manera, ORAU subrayó que no puede detenerse el proceso de titulación aun en casos de superposición. Además, debe implementarse el acceso al presupuesto público desde las comunidades nativas previsto por norma que puede ser orientada a titulación.
A su turno, Iris Olivera, Coordinadora del Programa Derechos de DAR, mencionó que si bien la ley estuvo a la vanguardia en la protección de las tierras de las comunidades de la Amazonía y a pesar de los avances, subsiste una brecha del 30%, es decir, más de 600 comunidades nativas pendientes de ser tituladas por el Estado (DIGESPACR, 2024)1, encontrándose una relación causal entre la inseguridad jurídica y el incremento de ataques a los defensores ambientales indígenas, como se vio en el caso Saweto, el que lleva un juicio de casi 10 años.
De otro lado, Olivera reconoció el aporte sustancial de los pueblos indígenas a la conservación y biodiversidad a través de nuevas formas de gestión y organización territorial como son los Gobiernos Territoriales Autónomos.
Asimismo, Lelis Rivera, de la organización CEDIA, mencionó tres contribuciones sustanciales de la primera Ley de Comunidades Nativas: a nivel de persona, donde el vivir en una comunidad facilita el acceso al registro civil; a nivel de comunidad, ya que se le brinda reconocimiento como persona jurídica a través de la figura de “comunidad nativa”; y a nivel de territorio, mediante el proceso de titulación.
Por otro lado, los ponentes invitados al foro coincidieron en la necesidad de adecuar el procedimiento de titulación a los estándares internacionales, dado que, en la práctica, a pesar de los avances obtenidos, persisten grandes desafíos en su implementación, así como las necesidades de georreferenciación y saneamiento para un desarrollo integral de las comunidades nativas y el fortalecimiento de sus derechos territoriales.
Estos espacios son importantes, dado que nutren la discusión política en torno a la mejora continua de la Ley a las necesidades y desafíos actuales.
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1. DIGESPACR. Sistema catastral de comunidades campesinas y nativas. Mayo de 2024.