Por Gaby Rivadeneyra Tello
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
La semana pasada, un reportaje de Punto Final expuso de manera alarmante el funcionamiento de las mafias de extorsión en La Pampa, en Madre de dios; una región donde el crimen organizado se ha arraigado a lo largo de los años, aprovechando la indiferencia y la falta de acción efectiva de las autoridades. La minería ilegal en esta zona no solo representa un desafío ambiental y económico de enormes proporciones, sino que también pone en evidencia la incapacidad estructural del Estado para garantizar la soberanía y la paz en un territorio que sigue siendo escenario de violencia y explotación.
Este panorama crítico ha sido legado a la nueva gestión de Julio Díaz Zulueta como ministro del Interior en Perú, quien asume el cargo tras la censura de Juan José Santiváñez por parte del Congreso, debido a su fracaso en controlar la creciente ola de criminalidad. Díaz Zulueta hereda así una situación compleja que conlleva una tarea titánica.
En un país azotado por la inseguridad, la magnitud de los problemas dejados por su antecesor genera dudas sobre la capacidad del nuevo ministro para implementar cambios sustanciales. La situación en La Pampa y otras regiones afectadas por el crimen organizado resalta el desafío que tiene por delante, subrayando que la efectividad de las políticas de seguridad del Gobierno dependerá en gran medida de su capacidad para aplicar estrategias integrales que combatan tanto la minería ilegal como las mafias que la respaldan.
Para enfrentar este desafío, el Ministro debe comprender que la lucha contra la minería ilegal no solo requiere una acción policial eficiente, sino también una revisión profunda de las políticas públicas que, en muchos casos, han facilitado o incluso permitido la continuidad de estas actividades.
En ese sentido, es urgente la implementación de normativas más rigurosas y efectivas que no solo busquen la formalización de la minería, sino que también aseguren su sostenibilidad, protegiendo tanto los ecosistemas como los derechos de las comunidades indígenas. Esta tarea demanda un enfoque integral que involucre a la sociedad civil, las instituciones especializadas en derechos humanos y medio ambiente, y que priorice un desarrollo verdaderamente sostenible, por encima de la explotación desmedida de recursos naturales.
Además, es fundamental que el Congreso asuma su responsabilidad en la generación de políticas que no perpetúen la minería ilegal, sino que promuevan un desarrollo equilibrado y respetuoso con el medio ambiente. En este marco, resulta crucial que el Ministro esté alerta frente a las normativas que se promuevan desde el Congreso.
En ese marco, desde DAR, hemos generado un análisis y recomendaciones en ocho campos para el Congreso, para abordar de manera efectiva la minería ilegal en el Perú en el documento de análisis legal «Tendencias en el Congreso de la República respecto a los proyectos de ley relacionados con la pequeña minería y minería artesanal (2021-2026)”.
Entonces, ¿por dónde debe empezar el nuevo ministro? Se le recomienda fortalecer la presencia del Estado en las zonas más vulnerables, como la Pampa, mediante un mayor despliegue de fuerzas de seguridad y la capacitación especializada de unidades policiales.
Es fundamental también implementar una estrategia interinstitucional que coordine esfuerzos entre diversas entidades gubernamentales, como los Ministerios de Energía y Minas, Justicia y Ambiente, para abordar de manera integral las causas y consecuencias de la minería ilegal. Además, se debe reforzar la inteligencia y la investigación mediante tecnologías avanzadas que permitan rastrear y desmantelar las redes de crimen organizado que sostienen la minería ilegal.
De igual manera, el Ministro debe garantizar un control territorial más efectivo y combatir la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y las autoridades locales, lo que no solo exige un mayor despliegue de la autoridad, sino también una revisión crítica de las políticas existentes y su impacto en el fortalecimiento de las mafias que operan en el sector. La cooperación internacional también será clave en la lucha contra las mafias transnacionales, para que el Ministro pueda dar pasos firmes hacia la erradicación de la minería ilegal y el control de la violencia en las zonas más afectadas del país.
En resumen, el nuevo Ministro del Interior enfrenta un desafío complejo y multifacético, que requiere una acción coordinada entre diversas instituciones, la implementación de políticas públicas efectivas y un enfoque integral que contemple tanto la seguridad como el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos.
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