El último 9 de noviembre, más de 40 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe que participan de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) dirigieron una carta a Helen Clark, presidenta del Consejo Internacional de esta iniciativa, instando a la entidad a tomar acciones para que los países miembros de la iniciativa aseguren un espacio cívico abierto y seguro, conforme al Estándar de la iniciativa.
En la comunicación, se destaca cómo el entorno de derechos civiles y libertad de asociación en la región ha sido gravemente erosionado en varios países, lo que impide la participación ciudadana activa en la toma de decisiones en relacionados al sector extractivo.
Las organizaciones de sociedad civil firmantes, procedentes de Perú, Colombia, México, Guyana, Suriname, Ecuador, Chile, Argentina, Honduras, Guatemala y República Dominicana participan en el EITI, promoviendo la transparencia y el acceso a información sobre la industria extractiva. No obstante, expresan profunda preocupación por las amenazas crecientes en sus países hacia quienes defienden la transparencia, la justicia ambiental y la gobernanza de los recursos naturales.
La carta detalla una serie de casos preocupantes específicos, por ejemplo, reseña que en Perú, el Congreso de la República de Perú aprobó un dictamen para modificar la Ley N.º 27692, que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con la cual, de implementarse, el Estado podría sancionar arbitrariamente a las organizaciones de la sociedad civil, amenazando sus registros legales como forma de disuadir su trabajo de vigilancia y rendición de cuentas.
Además, la misiva da cuenta de la insistencia del Estado peruano en ofrecer como áreas promocionales para la exploración y explotación de hidrocarburos en territorios que se superponen a áreas naturales protegidas y territorios de pueblos indígenas, entre otras zonas sensibles de la amazonía, incluyendo algunas con protecciones legales que prohíben la realización de estas actividades, como es el caso del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
En Guyana, pueblos y organizaciones indígenas han presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la minería ilegal de oro en sus tierras tradicionales y legalmente demarcadas y la falta de consentimiento libre, previo e informado, existiendo además violaciones por parte de la Agencia de Protección Ambiental al permitir instalaciones de petróleo y gas en tierra que manejan y almacenan fuentes radiactivas, desechos peligrosos y productos químicos tóxicos que están situadas en medio de comunidades residenciales.
Asimismo, en República Dominicana, desde 2019, la empresa Barrick Gold, PVDC y las autoridades del gobierno, despliegan presiones en respuestas a las protestas comunitarias a consecuencias del rechazo a los efectos del extractivismo irresponsable y existen seis comunidades (La Piñita, La Cerca, Jurungo, Jobo Claro, La Laguna y El Naranjo) en peligro de ser arrasadas tras el eventual colapso de la Presa de Colas El Llagal, entre otros hechos de preocupación.
Otro ejemplo preocupante lo encontramos en Argentina, donde el Poder Ejecutivo ha modificado recientemente, por decreto, la reglamentación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Esta reforma introduce restricciones significativas al acceso a la información, limitando su alcance y abriendo la puerta a la discrecionalidad en la denegación de datos al redefinir lo que se entiende por información pública. Estas modificaciones tienen un impacto profundo en el espacio cívico en Argentina, ya que limita la capacidad de la sociedad civil para fiscalizar y exigir transparencia en la gestión pública, incluyendo las industrias extractivas.
Asimismo, en México, la violencia contra defensores de derechos ambientales y periodistas ha cobrado numerosas vidas debido a la falta de garantías para la libertad de prensa y asociación. Otros ejemplos en Chile, República Dominicana y Surinam muestran cómo las políticas gubernamentales y acciones represivas deterioran aún más el espacio cívico en la región.
“Defender la tierra nos está costando la vida y esta grave situación no se evidencia en las evaluaciones e informes que publican los países de la región adscritos al EITI. Requerimos del EITI un examen riguroso sobre el espacio cívico, donde los análisis sobre el desempeño de los países esté fundamentado en los esfuerzos que realizan los gobiernos para proveer un entorno habilitante y seguro para la participación activa y efectiva de la sociedad civil en la gobernanza de los recursos naturales”, subraya la carta.
Las organizaciones también requirieron a la iniciativa EITI que establezca la obligatoriedad de los requisitos socio ambientales que hoy son voluntarios dentro del Estándar 2023 de la iniciativa, y que exija a los gobiernos una mayor transparencia de información sobre el sector extractivo, incluyendo aspectos sociales y ambientales, de género, y vinculados a la transición energética, y a implementar mecanismos de consulta previa y participación inclusiva de los pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones.
La sociedad civil de América Latina y el Caribe espera que el Consejo Internacional y el Secretariado del EITI tomen una postura activa para garantizar un entorno seguro para la participación en la gobernanza de recursos naturales, en línea con los compromisos adquiridos por los países miembros a través del Estándar EITI.
Reacciones
Esta semana, en reunión del Consejo Internacional del EITI, del cual Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), por Perú, y Crudo Transparente, por Colombia, participan como representantes de sociedad civil por América Latina y El Caribe (ALC), Helen Clark mencionó que había recibido con alta preocupación la comunicación cursada, señalando que el EITI fortalecerá los mecanismos de monitoreo de espacio cívico en ALC.