Los miembros del Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (por sus siglas, OMI), organizaciones de sociedad civil y colectivos manifestaron su preocupación y rechazo frente a los hechos acontecidos en la “La Pampa” y las modificaciones al procedimiento de exclusión y/o permanencia de Registro Integran de Formalización Minera (REINFO), así como las diferentes iniciativas legislativas que atentarían la lucha contra la minería ilegal y de prorrogar el proceso de formalización minera.
El 25 de agosto, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Tambopata, conocido como “La Pampa”, ubicada en el distrito de Inambari en Madre de Dios, acontecieron actos de violencia por parte de mineros ilegales, en respuesta a las acciones de interdicción contra la minería ilegal que realizaban los representantes del la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas, que terminó cobrando la vida de dos personas y dejó catorce heridos.
Al respecto, “La Pampa” ocupa alrededor de 20 kilómetros de extensión, en donde hubo alguna vez bosque amazonico y que hoy en día existen grandes cumulos de arena, lagunas y posos con mercurio, arboles y fauna silvestre muerta, así como diferentes campamentos, donde converge la trata de personas con fines laborales y/o sexuales, bares y el comercio ambulatorio.
Del mismo modo, la aprobación del Decreto Supremo N° 010-2022-EM, que modifica los Decretos Supremos N° 018-2017-EM, N° 001-2020-EM y N° 009-2021-EM, que deroga el Decreto Supremo N° 008-2022-EM y el numeral 13.16 del artículo 13 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM, la cual eliminaría ciertas exigencias a los mineros informales que se encuentran inscritos en el REINFO y en vías de formalización.
Al respecto, esta norma otorgaría un mayor beneficio, tiempo y simplificación sobre este procedimiento tan cuestionado, al cederse las funciones de fiscalización y de iniciar el procedimiento de exclusión y/o permanencia en el REINFO a las Direcciones Regionales de Energía y Minas de los gobiernos regionales, mismas que no contarían con la capacidad logística y de personal, así como de darse una posible convivencia de la minería informal con las zonas restringidas (áreas con pasivos ambientales, zonas arqueológicas, reservas indígenas o en proceso de titulación, etc.) entre otros aspectos que llaman la atención y preocupación.
Del mismo modo, advierten las iniciativas legislativas de los congresistas Jorge Alfonso Marticorena Mendoza y Eduardo Salhuana Cavides, siendo el Proyecto de Ley N° 2519/2021-CR, que propone la reapertura por tercera vez del REINFO por 150 días calendario, el Proyecto de Ley N° 2742/2021-CR que propone adicionar nuevos requisitos de verificación a los nuevos adquirientes del mineral y que se encuentran en proceso de formalización minera, y finalmente el Proyecto de Ley N° 2715/2021-CR que pretende modificar las acciones de interdicción contra la minería ilegal.
El REINFO fue creado mediante Decreto Legislativo N° 1293, que reemplazó al Registro Nacional de Declaraciones de Compromisos (RNDC), a cargo de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y con apertura para la inscripción de distintos mineros de la pequeña minería y minería artesanal, hasta agosto de 2017.
Luego, mediante la Ley N° 31007, Ley que Reestructura la Inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera de personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal, se reaperturo por 120 días. Finalmente, el 15 de enero de 2020, a través del Decreto Supremo N° 001-2020-EM, nuevamente se reaperturó hasta julio de 2020. No obstante, debido a la pandemia por la COVID-19, dicho proceso fue ampliado hasta septiembre de 2020 mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020.
Elaboración: Ashley Dhania Mamani Dávila – Especialista de DAR
Por ello, el OMI instó a las instituciones a estar alerta; y a la ciudadanía en general, sobre las iniciativas legislativas que ponen en riesgo la regulación de la actividad minera de nuestro país, así como el intento de debilitar el marco jurídico del proceso de formalización minera y de las acciones de interdicción contra la minería ilegal.
El pronunciamiento, se encuentra firmado por instituciones como la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Ecosistemas Andinos (ECOAN), Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS Perú), Yunkawasi, entre otras.