Organizaciones de sociedad civil de la región publicaron el informe “Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para la respuesta y recuperación al COVID-19 en Latinoamérica: ¿Riesgos y beneficios para quién?”, el cual tiene como objetivo analizar el desempeño del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su respuesta a la pandemia por el COVID-19, para ello, se estudiaron proyectos financiados por el BID en Argentina, Chile, Colombia, Perú, y Guatemala; y de esta manera identificar las principales problemáticas sobre los procesos de debidas diligencias sociales y ambientales, como la transparencia, el acceso a la información y la participación efectiva de comunidades afectadas. El estudio fue presentado mediante un evento virtual el 26 de junio en un evento virtual.
Recordemos que, Latinoamérica fue la región más golpeada por la pandemia debido a las deficiencias en la calidad de los servicios básicos, la fragilidad de los derechos laborales, brechas de educación entre otros factores de importancia. En este contexto, entre los hallazgos presentados por el informe publicado se detalló que, en el 2020 el BID aprobó 7.9 millones de dólares, y en el 2021 597.6 millones de dólares. Sin embargo, es pertinente preguntar: ¿Qué implicó la celeridad de aprobación de préstamos mediante procedimientos especiales?
Al respecto, Carolina Juaneda, coordinadora del programa de América Latina del Bank Information Center (BIC), mencionó algunos hallazgos que identificaron, por ejemplo, los bancos multilaterales consideraban los proyectos de salud como de menor riesgo, por lo que las salvaguardas no se aplicaron con rigurosidad. En Argentina, Colombia y Chile se analizaron proyectos donde no se cumplen los estándares previstos en la política de acceso a la información, impidiendo conocer con antelación la existencia de la propuesta y realizar cualquier comentario o consulta.
Ello podría pasar por alto cuestiones claves, ya que los proyectos de salud pueden tener riesgos significativos de daños en los grupos de situación de vulnerabilidad, pues son quienes pueden tener un mayor riesgo de sufrir casos graves de COVID-19, y quedan excluidos de los beneficios de dichos proyectos. Además, se identificó que, menos del 10% de las inversiones en el sector público y menos del 15% en el sector privado, han priorizado la salud y la asistencia a poblaciones marginalizadas.
En su lugar, los sectores priorizados por el BID fueron proyectos en los sectores de energía, agricultura y finanzas, sectores que podrían tener un impacto movilizando la economía para la recuperación de la pandemia pero sin ninguna relación directa con sectores que son claves para la respuesta inmediata al COVID-19 y apoyar directamente a grupos marginalizados. Tal como se identificó en el informe.
A su vez, las aprobaciones por parte del BID han crecido desmedidamente; por ejemplo, antes los bancos tardaban entre 6 a 9 meses en preparar un proyecto. Hoy en día, los aprueban casi en 30 días; sin embargo, el incremento de los proyectos y fondos no ha sido proporcional al staff que se requiere para supervisar a los clientes, señaló Juaneda.
Por su parte, Maya Seeger, directora ejecutiva de Sustentarse habló sobre el Sistema de alerta Temprana (SAT) que también hizo seguimiento a los proyectos COVID-19 aprobados por el BID y fue incluido en el informe. Este mecanismo identificó que, 301 de los 852 proyectos financiados por el BID, no contaban con categorización de riesgo socioambiental, y tampoco llegaban a los grupos vulnerables. Entre otras preocupaciones, se agravaron situaciones de represalias y criminalización contra los defensores de derechos, lo que ocasionó un doble impacto en las comunidades afectadas, por proyectos BID, y retrasos en procedimiento de quejas ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI).
Al respecto, Carlos Eduardo Huertas, de la plataforma periodística para las américas, CONNECTAS, comentó en el evento que, dentro de proyectos con de la pandemia se incluyeron proyectos que no tienen que ver con el Covid, priorizando otros sectores como Infraestructura, entre otros.
Participación y diálogo entre el BID y organizaciones de la sociedad civil (OSC)
En la misma línea, los panelistas hicieron énfasis sobre los espacios de participación y diálogo con el BID. Maia Seeger, señaló que durante la pandemia se ha agravado la falta de acceso a información, y los procedimientos de queja se hacen interminables, y a medida que vamos recuperando espacios esos vacíos que se generaron se han normalizado, hallazgos que también parten de la investigación realizada para el estudio.
A su vez, antes de la pandemia, el BID tenía reuniones periódicas con OSC. Actualmente, el BID ya no comparte la información básica, y los mecanismos de accesos de información no están funcionando, complementó Leonardo Labarca de la organización Expediente Abierto en el mismo evento.
¿Qué recomendaciones presenta el informe?
- Se deben considerar las necesidades e impactos diferenciados de los grupos y/o personas en situación de vulnerabilidad durante el diseño de los proyecto, para que tengan acceso a los apoyos y servicios esenciales que brindan los proyectos del Banco
- Se deben diseñar e implementar medidas y protocolos eficaces para evaluar los riesgos de represalias, prevenirlas y dar una respuesta adecuada cuando ocurra. El Banco debe monitorear y dar seguimiento a todos los casos que se reporten en el contexto de sus proyectos, comunicando si existen represalias.
- Es necesario que se divulgue la información de manera accesible y en los idiomas locales y oficiales, mucho antes de iniciar las actividades de los proyectos, con el fin de permitir la participación de las partes interesadas. Estas y otras recomendaciones de importancia presenta el informe.
A su vez, en el evento se señaló que es necesario velar y presionar para que se hagan respetar las salvaguardas socioambientales, por ello se hace un llamado a sociedad civil para exigir la rendición de cuentas.
Finalmente, es evidente la importancia del BID y la banca multilateral para resolver las necesidades de la pandemia; sin embargo ante la ausencia de procedimientos de fiscalización y participación de la implementación de los préstamos, los resultados no han sido muy alentadores, y por el contrario se han debilitado derechos indispensables, por lo que es necesario reactivar y fortalecer espacios de participación con OSC.
El informe se lanzó el 16 de junio en un evento virtual y fue convocado por las siguientes OSC: Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia), Bank Information Center (EE.UU.), Center for International Environmental Law (EE.UU.), Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo (Global), Coalición regional por la Transparencia y la Participación (Regional), Derecho, Ambiente, y Recursos Naturales-DAR (Perú), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Argentina), Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (Regional), International Accountability Project (Global), la Plataforma Internacional contra la Impunidad (Regional) y Sustentarse (Chile).
Pueden leer el informe “Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para la respuesta y recuperación al COVID-19 en Latinoamérica: ¿Riesgos y beneficios para quién?” en el siguiente link.