Tras el anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, de declarar al Perú en estado de emergencia ante el pleno de la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2021; el 25 de enero de este año se publicó el Decreto Supremo N° 003-2022-MINAM, que declara de interés nacional la emergencia climática y dispone lineamientos y acciones prioritarias para la mitigación y adaptación ante el cambio climático.
Esta medida es un hito importante para lograr los compromisos climáticos asumidos por el Perú. Recordemos que en diciembre de 2020 se anunció el aumento de la meta de reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 30 % al 40 % respecto a lo proyectado para el 2030.
Además, la declaración de emergencia climática resulta fundamental para visibilizar la urgencia de proteger a los bosques, tomando en cuenta que la deforestación es el principal emisor de GEI en el país y que en 2020 se alcanzó la cifra más alta de deforestación de las últimas dos décadas, perdiéndose más de 200 mil hectáreas de bosques.
Desde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) realizamos un análisis de la declaratoria aprobada, enfatizando en algunas preocupaciones y recomendaciones ante importantes ausencias observadas, entre otros aspectos para combatir la deforestación en la Amazonía asociada a la expansión de las carreteras.
Un punto del Decreto Supremo (DS) que genera alerta, es la no incorporación de acciones o estrategias para mejorar la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura que pueden afectar los ecosistemas frágiles que alberga la Amazonía. Además, la norma no establece disposiciones necesarias para sectores claves como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), así como medidas urgentes para combatir las principales causas de generación de pasivos ambientales, deforestación, pérdida del hábitat, degradación y fragmentación de ecosistemas.
Por otro lado, desde la experiencia de los derrames de petróleo ocurridos a lo largo del país, siendo dos de los últimos, el derrame de crudo de petróleo en el mar de Ventanilla y en la Amazonía peruana, es preocupante que no se haya abordado como una prioridad un conjunto de medidas para el fortalecimiento de la justicia climática como: el establecimiento de las responsabilidades para las acciones que ocasionen daños ambientales, la rápida atención de la las poblaciones en situación de vulnerabilidad por los desastres ambientales generado, así como el fortalecimiento de capacidades sancionadoras por parte de los organismos de supervisión y fiscalización ambiental para prevenir futuros desastres ecológicos.
La declaratoria de interés nacional de la emergencia climática es un paso importante de reconocimiento de la crisis climática y ambiental. Sin embargo, es necesario impulsar medidas complementarias que respondan a los problemas socioambientales de fondo que vienen siendo invisibilizados ante el contexto político convulso que atravesamos.
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