Por: Isabel Gonzales Icaza
Coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques
Por estos días se viene llevando a cabo la vigésima sexta Conferencia de las Partes (COP 26) en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, Escocia; en la cual se ha anunciado que al menos $ 1.7 mil millones de fondos se entregarán directamente a los pueblos indígenas y comunidades locales, en reconocimiento a su papel clave en la protección de las tierras y los bosques del planeta.
Tal como lo demuestran varios estudios, los pueblos indígenas y sus territorios son actores vitales, tanto en la mitigación como en la adaptación del cambio climático. En cuanto a mitigación, los territorios indígenas contribuyen con la deforestación evitada, siendo su efecto incluso mayor en comparación con las áreas naturales protegidas (Schleicher et al 2017); en relación a la adaptación, los conocimientos tradicionales y locales de estos pueblos derivan de una larga historia, que es importante rescatar e integrar con el conocimiento científico, en busca de soluciones más eficaces (Informe IPCC, 2014).
En Perú, los pueblos indígenas habitan al menos 14 millones de hectáreas, lo que representa el 20 % de los bosques amazónicos; los cuales, además de constituir un almacén y sumidero de carbono, albergan una importante diversidad cultural y biológica.
Por ello, una de las líneas que debemos reforzar en el país, como estrategia de mitigación y de adaptación al cambio climático, es la seguridad de los territorios comunales. Recordemos que este constituye un derecho colectivo que el Estado debe garantizar y que está reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras normas internacionales.
Pero ¿Cuánto hemos avanzado en el país respecto a la titulación de comunidades nativas?
Según los registros del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), en Perú existen más de 600 comunidades pendientes de titular y si bien, en los últimos diez años se ha logrado incorporar la titulación en la agenda climática y aportar en las metas de titulación con fondos públicos y climáticos, los avances aún son poco significativos.
Un reciente estudio de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), que estamos próximos a presentar, identificó 14 proyectos o iniciativas de titulación que se desarrollaron en la década pasada; de los cuales, 9 presentaron metas para lograr la titulación de 719 comunidades nativas, pero sólo se logró el cumplimiento del 20 %.
La titulación de comunidades ha avanzado en la medida que las mismas no presentaron problemas de superposición con otros derechos, como concesiones forestales, áreas naturales protegidas, entre otras; pero aquellas que cuentan con estos problemas, llevan muchos años esperando por el reconocimiento de sus territorios, debido a que la coyuntura política de los últimos años no ha ayudado a resolver estos problemas de fondo.
Uno de los casos más alarmantes, es el del Proyecto de Titulación de Tierras Rurales-Tercera etapa (PTRT3), que si bien había previsto aportar significativamente en las metas de titulación (403 comunidades nativas), transcurrido poco más de un quinquenio en su ejecución, sólo ha logrado titular e inscribir en los registros públicos a un par de comunidades nativas.
Es importante tomar conciencia que la Amazonía peruana enfrenta una de sus peores crisis, pues la tasa de deforestación del 2020 fue la más alta de los últimos 20 años. La pandemia no ha significado un respiro para nuestra Amazonía, ni mucho menos para las amenazas y afectaciones contra los pueblos indígenas. El cumplimiento de nuestros compromisos climáticos y la adaptación a este nuevo escenario, será posible en la medida que aseguremos en primer lugar a los territorios indígenas.
Este propósito ha sido reconocido a nivel internacional, siendo la cooperación internacional un pilar de soporte y apoyo para impulsar el proceso en el país, a través de proyectos y de iniciativas de pagos por resultados, como la Declaración Conjunta de Intención (DCI), que tiene como parte de sus objetivos centrales reducir las emisiones por deforestación, entre otros, a través de la contribución en el cierre de la brecha de titulación del país y para lo cual ha comprometido financiamiento por el cumplimiento de los mismos.
En ese sentido, es importante, además de la voluntad política del actual gobierno para la titulación de tierras comunales, aprovechar los fondos, como el recientemente anunciado en la COP26, a fin de que coadyuven a destrabar los cuellos de botella identificados, que vienen limitando el proceso de titulación de comunidades nativas.Para tal fin, los fondos climáticos deben considerar tres elementos fundamentales: 1) Contar con un mecanismo de gobernanza, que propicie la rendición de cuentas; 2) Reducir los costos de intermediación, a fin de que en mayor proporción, los fondos sean invertidos principalmente para atender los problemas en los territorios (comunidades nativas); 3) Buscar resultados con impacto en la mejora de la calidad de vida los pueblos indígenas.