En la Agenda del Pleno del Congreso de la República, prevista para el día 9 de julio, se ha programado el debate de los Proyectos de Ley N° 2870, 3137, 3238, 3983, 4164, 4490, 4617, 4678 y 6614, los cuales proponen modificaciones alarmantes sobre las normas vigentes que regulan las actividades y el procedimiento administrativo referente al proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el territorio nacional.
El 05 de julio, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, aprobó por unanimidad el dictamen de los nueve (09) proyectos de ley, que proponen modificaciones sobre el artículo 9 del Decreto Legislativo que regula la Interdicción de la Minería Ilegal en todo nuestro país y establece medidas complementarias al Decreto Legislativo N.º 1100. Con estas disposiciones, se quiere regular el uso y empleo de dragas, artefactos y otras herramientas prohibidas para el desarrollo de la minería ilegal.
Del mismo modo, se pretende realizar cambios sobre distintos artículos del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería – Decreto Supremo N.º 014-92-EM, la propuesta de cambio del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, el cambio de la minería informal por minería de emprendimiento, entre otros. Estos proyectos en conjunto resultan redundantes y carecen de coherencia normativa, además de ser inconstitucionales e improcedentes de fondo y forma, referente a las normas vigentes.
Cabe precisar que cuatro (04) de los nueve (09) proyectos de ley, tienen opiniones desfavorables de diversas instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, el Ministerio del Interior, la Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Ministerio Público Fiscalía de la Nación, Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, entre otros.
Siendo que, la principal preocupación que generan las normas señaladas, es que promueven más la ilegalidad que la informalidad; así como, generan un retroceso a los esfuerzos que han venido realizado tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial en cuanto a la persecución y sanción del delito de minería ilegal y los delitos conexos.
En ese sentido, desde Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, manifestamos nuestra preocupación por la intempestiva Agenda de la cuarta legislatura del Congreso de la República, cuyos fines no condicen con el interés público que representan. Estos posibles cambios regulatorios implicarían un posible menoscabo en el medio ambiente, principalmente a la Amazonía del Perú.
Para ver la Agenda del Pleno del Congreso de la República, aquí.
Para ver el Dictamen de la Comisión de Energía y Minas, aquí.