Foto: Rolando Mondragón/DAR
Por César Gamboa Balbín
Director Ejecutivo de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
En un contexto de pandemia, es muy difícil votar por candidatos que tengan como prioridad la agenda ambiental o específicamente la conservación de la biodiversidad. Discursos como la puesta en valor de la biodiversidad serían los más aceptables, sin embargo, caerían en saco roto si no se piensa desde una apuesta integral de Estado y menos si no se dotan de recursos técnicos y humanos para encadenar la conservación con un comercio justo y sostenible; esto hace que estas propuestas sean utópicas. Además, hoy por hoy, la población está dispuesta a sacrificar su propio patrimonio, su patrimonio natural, para satisfacer claramente sus necesidades más básicas, como la vida o la salud. Por esto, desde el inicio, propuestas como la conservación de nuestros ecosistemas son el eslabón más débil para que un candidato gane las elecciones.
En ese sentido, una primera reflexión al leer de manera sistemática los temas ambientales en los planes de gobierno de los candidatos, así como al oír las discusiones sobre el tema en distintos foros, en las últimas semanas, es que no es una prioridad central el tema ambiental en el discurso electoral en la mayoría de ellos. Exceptuando uno o dos partidos, el tema ambiental es presentado como una oportunidad de negocios, sin tomar en cuenta los retos sociales, políticos e incluso de sostenibilidad que se nos presentan en la próxima década.
Otra apreciación general es que las propuestas de gestión ambiental están relacionadas a arreglos institucionales que van desde la fusión del Ministerio del Ambiente hasta la creación de nuevas instituciones ambientales, con muy poco interés por reforzar las actuales. Al parecer, no hay un análisis profundo sobre cómo estos arreglos institucionales generaran resultados concretos en reducir el declive irracional de nuestros recursos (pensemos en las necesarias vedas en el litoral peruano), los daños ambientales a la naturaleza (derrames de petróleo en Loreto y su afectación a la salud a comunidades nativas) y la inestabilidad social y política que generan varios proyectos extractivos. Nos hemos quejado de que las instituciones no funcionan, pero no sabemos qué tanto se solucionan nuestros reales problemas con crear más instituciones o, incluso, con desaparecerlas. Si es que no evaluamos primero qué está mal, quizás más coordinaciones vinculantes podrían ya solucionar el problema.
Entrando al tema de fondo de este artículo, analizando de manera muy panorámica las propuesta de planes de gobierno de los partidos políticos por la base de datos de www.agendambiental.info, y excluyendo las declaraciones más políticas que no contienen ninguna propuesta concreta, encontramos ciertos temas que valen la pena resaltar: primero, la promoción de más áreas protegidas; segundo, una preocupación por los delitos ambientales, especialmente la tala ilegal de madera; y tercero, un intento por solucionar los pasivos ambientales, especialmente mineros y los que provienen de las actividades ilícitas.
En principio, al menos cinco partidos políticos apuestan por promover la conservación de la biodiversidad, a través de la creación de áreas protegidas o el fomento de la investigación en biodiversidad, en beneficio de comunidades y de la ciudadanía en general. Es más, destacan propuestas como incrementar un 8 % de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas y especialmente dos partidos inciden en la conservación y aprovechamiento del ecosistema marino. Uno de ellos, aporta una serie de medidas concretas para la conservación y uso de recursos marinos para actores locales, además de la creación del área marina protegida en el mar tropical peruano o el Programa de Gestión del Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras. Hay una apuesta por crear más áreas protegidas, no obstante, deberían incluirse como indicadores de compromiso no solo la creación sino también medidas de consolidación de la protección de nuestro patrimonio natural, como es dotar de mayores recursos al SERNANP —hubiera valido la pena que las propuestas de los partidos hubieran dialogado con el Anexo Nº 2 Programa Presupuestal PP 057 “Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en ANP” (2019), el cual tiene virtudes y defectos pero es una línea base para comenzar a fortalecer las áreas protegidas —, especialmente para la protección en campo y la labor que realizan las jefaturas y el personal de áreas protegidas, y una mejor paga a los guardaparques, como ya se ha venido haciendo en los últimos años. Queda pendiente contar con propuestas como la puesta en valor de la biodiversidad y cómo reimpulsar las reservas comunales, las cuales no se mencionan, pero si uno logra interpretar las declaraciones de dos planes de gobiernos, apuntan a la misma finalidad para las que fueron creadas: cómo beneficiar a la población local adyacente a dichas reservas.
Segundo, los planes de gobierno denotan una gran preocupación por los delitos ambientales y sus impactos, pues al menos ocho partidos mencionan medidas de lucha contra la tala y la minería ilegal. Si bien es cierto, existen dos menciones a la minería ilegal y una mención general sobre el tráfico ilegal de biodiversidad —queremos entender que eso incluye el tráfico ilegal de flora y fauna; del cual se viene discutiendo un PL para adecuar este delito al de crimen organizado en el Congreso de la República—; el gran protagonista es la tala ilegal y las soluciones de restauración de los bosques a través de la reforestación y plantaciones, hasta por cinco partidos políticos. Es claro que en este componente es importante comenzar por los arreglos institucionales ya que no existen políticas o espacios de concertación y coordinación públicos y privados para atacar esta problemática. Tan solo un partido menciona “cortar el circuito de la tala ilegal y de exportación de madera sin trazabilidad comprobada, con la participación activa de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales”, lo que implica la necesidad de reformar y fortalecer la actuación de los operadores de justicia involucrados en la lucha contra este tipo de delitos. Y otro, se atreve a proponer “descentralizar facultades y competencias a los gobiernos subnacionales para luchar contra la tala ilegal e indiscriminada”, cuando muchas veces aún hay pendientes por mejorar en la gestión forestal de las autoridades regionales; más bien, es necesario aún el acompañamiento del Poder Ejecutivo y de operadores de justicia a las autoridades locales en la lucha contra este y otros delitos ambientales. Hubiera sido más que interesante que los planes de gobierno dialogaran con el “Informe Barrantes” o los papers del proyecto Prevenir de USAID, que contienen información de línea de base sobre los delitos ambientales.
El tercer punto resaltante en las propuestas de planes de gobierno radica en las medidas de restauración de ecosistemas y el tratamiento de pasivos ambientales que siete partidos han propuesto. Entre las declaraciones y propuestas específicas, tenemos que se proponen remediar “los 120 más peligrosos, analizando la posibilidad de intercambio de activo por pasivo”, o colocando metas mas ambiciosas de 8500 pasivos ambientales a ser remediados a través de un fondo de remediación ambiental que incluya fondos privados, o en otros casos proponiendo el cambio de “activos por pasivos”, etc. Ciertamente, este punto responde a una problemática señalada hace mas de 16 años por el Banco Mundial en sus notas de país, por el cual el Perú viene perdiendo varios puntos de su PBI por los costos que acarrea en salud los pasivos ambientales de actividades extractivas. Si estos costos fueran internalizados, lo cierto es que el milagro peruano se vería más crudo, más inequitativo y menos fantasioso —tal cual ha ocurrido con la Covid-19 y la desigualdad en el acceso a la salud pública—. Ello ha sido recogido en diversos instrumentos de gestión ambiental pero aún queda una tarea pendiente de inversión en su remediación para no extender los costos hacia las futuras generaciones o asumir mayores pérdidas en el corto plazo, con un aparato productivo ralentizado por la pandemia.
Concluyendo, áreas protegidas, delitos y pasivos ambientales, son los tres temas que resaltan en los planes de gobierno. Es una lectura cercana a la problemática social. No obstante, hay temas altisonantes y muy peculiares de las propuestas que podríamos mencionar. Uno de ellos es la intención de reconciliar las industrias extractivas con la agricultura, a través del manejo y gestión de los pasivos ambientales mineros y energético, que podría conllevar a continuar con el camino trazado después del conflicto de Conga, con el Informe Final de la Comisión Multisectorial (RS 189-2012-PCM) que presentó más de 30 medidas para solucionar los problemas sociales y ambientales de la minería y que tanto la visión por una minería sostenible al 2030 y el Grupo Rimay aún persisten en llevar a cabo.
No queríamos dejar de escribir este artículo sin mencionar la impresión de la lectura de una de las particularidades de los planes de gobierno, pues hay un mayor peso al litoral peruano y al Mar de Grau, volviéndose relevantes para las propuestas de conservación, al menos, esto se hace más explícito en un par de planes. Esto no quiere decir que el eje amazónico no sea tomado en cuenta, al contrario, muchas de las propuestas están pensadas en bosques amazónicos. La Amazonía es implícitamente tratada como problema y posibilidad de conservación y desarrollo, aunque no es mencionada. Pero esta singularidad es llamativa, hasta el punto de que quedaron atrás moratorias para extraer petróleo en la Amazonía y ahora se propone “la primera moratoria Nacional por 10 años a la minería submarina en Latinoamérica por el impacto ambiental que esta tiene”. Y esto quizás tiene que ver con que la Amazonía necesita urgentemente una respuesta más sistémica que propuestas aisladas y parches de planes de acción, pues la tensión por buscar la satisfacción de necesidades humanas en detrimento de la naturaleza está en el ojo de la tormenta pública en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios.