- Gobierno peruano suscribió el convenio regional en 2018, pero hasta la fecha no se ha ratificado en el Congreso de la República.
Hoy 4 de marzo, se cumplen tres años de la adopción del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe, que tiene como finalidad garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como en la protección de las y los defensores ambientales.
El Acuerdo de Escazú fue firmado en 2018 por 22 países de América Latina y el Caribe; y contó con amplia participación de sociedad civil. En ese sentido, busca vincular marcos jurídicos mundiales y nacionales, establecer estándares regionales y sentar las bases para la creación de una estructura institucional de apoyo que permita mejorar la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en los asuntos ambientales cuyos procesos involucren a las personas o grupos más afectados.
A la fecha, son 24 países que lo han firmado y 12 que han ratificado este instrumento pionero de protección ambiental, iniciando un camino hacia economías más justas y velando por quienes arriesgan su vida por dejar un planeta más sostenible a las nuevas generaciones. El nuevo contexto de pandemia por la COVID-19 ha impactado, de diversas formas, atodos los sectores de la humanidad; sobre todo, a los más vulnerables. Según Naciones Unidas, casi un 90% de las personas más pobres del mundo dependen de los recursos forestales. Y, sin embargo, anualmente se pierden 4,7 millones de hectáreas de esos ecosistemas que también representan el pulmón de la humanidad.
Por ello, el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad para afrontar la crisis climática y diversas problemáticas en el contexto pandémico. De este modo, es necesario promoverlo y reconocer lo logrado por sociedad civil como, el trabajo para la entrada en vigor del Acuerdo, cuya fecha se hará realidad este 22 de abril de 2021. Cabe destacar que en nuestro país, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el Proyecto de Resolución Legislativa n.º 04645/2019-PE, junto con el expediente que contiene las opiniones técnicas favorables de diversos sectores. El cual fue archivado por la actual legislatura.
No obstante, el contexto de las Elecciones Generales 2021 es una oportunidad para que los partidos políticos y las autoridades puedan demostrar su compromiso como un modelo de desarrollo sostenible, consolidar nuestra democracia y contribuir con la disminución de conflictos socioambientales que afectan a las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, es urgente que el nuevo Congreso de la República apruebe el Acuerdo de Escazú para que el Perú sea un Estado Parte del referido tratado y se reafirme su compromiso con la democracia ambiental.
En la misma línea, Aida Gamboa, Coordinadora del Programa Amazonía de DAR, indicó que la emergencia climática y la actual pandemia que afrontamos vienen afectando sobre todo a las poblaciones con menos recursos; entre ellas, los pueblos indígenas. Recordemos que hace unos días han asesinado a Herasmo García y Yenes Ríos, líderes indígenas de las comunidades Sinchi Roca y Puerto Nuevo en Ucayali, quienes defendieron sus territorios frente a actores ilegales y narcotraficantes. En ese sentido, no solo están depredando nuestros bosques sino también asesinado a grupos y personas que promueven y defienden los derechos humanos ambientales. Por lo que el Acuerdo de Escazú sería una herramienta fundamental para garantizar la labor que realizan estas personas, sin tener que exponerse a amenazas, restricciones y miedo.