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Este proyecto de ley propone la ampliación del plazo de inscripción al REINFO por 120 días más. Esta ampliación no incluye acciones adicionales que coadyuven en la evaluación integral del proceso sobre la formalización minera.
Hoy, 4 de febrero, se llevará a cabo en la Agenda del Pleno del Congreso de la República, el debate de diferentes propuestas legislativas; entre ellas, el Proyecto de Ley N° 5706 que tiene por objetivo ampliar el plazo establecido por la Ley N° 31007, Ley que reestructura la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando las actividades de exploración o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal.
El Proyecto de Ley N° 5706, presentado por la congresista Yessica Marisela Apaza, del Grupo Parlamentario Unión por el Perú y Presidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, propone la ampliación del plazo de inscripción por 120 días más en el REINFO. Con ello, la posible aprobación en la Agenda, traería consigo que el plazo inicialmente establecido y que finaliza el 31 de diciembre de 2021, se prorrogue hasta junio del 2022.
Es importante considerar que el proceso de formalización minera aborda un tema complejo que requiere presupuesto, recursos humanos, transparencia en los procesos administrativos, soporte en regiones e implementación de salvaguardas; por esta razón, tomar en cuenta sólo la ampliación de un plazo, sin incluir acciones que justifiquen la ejecución de este, sólo prolongará las deficiencias.
Debido al contexto de la pandemia COVID-19, se ha reducido el presupuesto para el sector justicia[1],al igual que para las acciones de fiscalización y supervisión ambiental. Por otro lado, se han fortalecido las economías ilegales, con más incidencia en la realización de las actividades de minería ilegal y tala ilegal, las cuales vienen afectando significativamente nuestra Amazonía y a los/as defensores/as ambientales. Por ello, ampliar el plazo del proceso de formalización, con escasos recursos para la supervisión, fiscalización y el sector justicia, no sería la mejor alternativa legislativa en la lucha contra el avance de los delitos ambientales.
La aprobación de este PL, podría suponer un retroceso en la lucha contra la minería ilegal, por la cual se ha venido trabajando arduamente para contrarrestar sus efectos, a través de las diferentes Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), con el apoyo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como la labor de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente y el Poder Judicial, con énfasis en las regiones de Madre de Dios, Ucayali y Loreto, donde hay mayor presencia de esta actividad.
Al respecto, el Código Penal en el segundo párrafo del artículo 307 sobre Minería Ilegal, en el capítulo de delitos de contaminación, señala:
Art. 307.- Delito de Minería Ilegal
(…)
La misma pena será aplicada al que realice exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos que se encuentre fuera del proceso de formalización, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y a sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental.
Esta excepción, de encontrarse inscrito un operador como parte del proceso de formalización en el REINFO, para muchos de los operadores de justicia y expertos ambientales, es considerada una carta blanca para que se realice actividades ilegales, puesto que, pese a evidenciarse los impactos como parte de estas actividades, por estar en el proceso de formalización, no se pueda iniciar las investigaciones respectivas.
Ante esta situación, la Dra. Flor de María Vega Zapata, Fiscal Superior Coordinadora de la FEMA, expresó su preocupación desde octubre del año 2020, enviando un escrito (ver oficio) a Yessica Apaza Quispe, Presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Congreso, por la propuesta de ampliación del Proceso de Formalización que rigen las actividades de pequeña minería y minería artesanal que se debatirá el día de hoy.
Desde la sociedad civil exhortamos se analice profundamente el impacto de la propuesta legislativa frente a la lucha contra la minería ilegal y los crímenes asociados (como la tala ilegal, la trata de personas, el lavado de activos, entre otros) que está afectando a la Amazonía, los recursos naturales y los servicios ecosistémicos.
Adhesiones a esta nota:
Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF)