Foto: MTC
Tomado del Diario: El Comercio
“El mismo Estado que construyó este puerto decretó después la intangibilidad de su entorno”. Escribe Gustavo Rodriguez.
Después de “política”, “minería” debe ser la palabra que más se relaciona con conflictos en el Perú. La oposición de ideas que provoca entre nosotros es explicable si aceptamos que la minería es la causa remota de nuestra nación: la mayoría de peruanos habla español porque en 1522 Pascual de Andagoya escuchó que al sur existía un reino que producía oro. Tratar de extirpar a la minería de nuestra historia y futuro es, pues, ilusorio, y quienes la ensalzan y la denotan en exceso no ayudan a encontrarle una salida al dilema.
Cuando se enfrentan retóricas polarizantes, solo ganan los accionistas de Twitter: “Tú, que estás en contra de la minería, ya te quiero ver escribir desde un celular de madera”, “Tú, que defiendes tanto a la minería, ya te quiero ver cuando tengas que decidir entre tomar agua y tragarte tu oro”. Quedarse en la disyuntiva nos obliga a elegir un lado de la cancha sin ver el panorama completo: la minería en sí no es reprochable, sino su manera de ser gestionada: “Mina o agua”, se ha dicho, cuando en verdad existen casos modernos en que la minería no solo no ha acaparado agua, sino que ha ayudado a conservarla en épocas secas para las comunidades. “Mina o agro”, se grita en barricadas, cuando hay casos de inteligente convivencia entre ambas. Pero estos casos, lamentablemente, son los menos.
Sin embargo, hay situaciones en las que hay que mandar al carajo la equidistancia y ser tajante. Son momentos simbólicos en los que más vale plantar las banderas para que luego no nos acusen nuestros descendientes. Me refiero, ya se intuye, al posible traslado de concentrado de minerales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas. Hace un año escribí en este diario una alerta sobre esta pretensión y, ahora que el país espera el veredicto del Senace, es pertinente recordar los hechos:
1969: Se edifica el puerto San Martín en Paracas.
1975: Se establece la Reserva Nacional de Paracas.
1992: La UNESCO designa a Paracas para su protección.
2014: El Estado licita el puerto San Martín para modernizarlo.
2018: El consorcio hispano-brasileño ganador solicita almacenar y exportar minerales.
Resumiendo: el mismo Estado que construyó este puerto decretó después la intangibilidad de su entorno. Y en vez de minimizar el impacto del puerto para ser coherente, abrió la puerta para que un consorcio extranjero haga lo previsible: sacarle el máximo rendimiento a su inversión. Inmensos camiones mineros que se sumarían a los actuales, ruido que alejará más a la fauna y el riesgo de accidentes contaminantes en la reserva natural más simbólica del país. Si esto se permitiera cerca de la Panamericana Sur, es esperable lo que puede autorizarse en el resto del país.
Como es inútil exhortar a los empresarios portuarios, quizá sean los empresarios mineros quienes deban mostrar la cara, ondear una bandera ciudadana y dar, por fin, un mensaje que el país aplaudiría: “No usaremos nunca ese puerto, por más que nos resulte más barato”.
Si dejamos que el mineral cruce esta línea, no habrá retorno.
Ni para el medioambiente, ni para las reputaciones.