- Organizaciones civiles se pronuncian por la transparencia frente a escenario de corrupción en sector extractivo y de infraestructura.
- Se pide al nuevo Congreso que ratifique el Acuerdo de Escazú sobre la Transparencia y el Acceso a la Información, así como al Ministerio de Energía y Minas que cumpla con los compromisos de Perú frente a la Iniciativa Mundial EITI sobre transparencia en industrias extractivas.
Lima, 2 de marzo de 2020.- Más de 30 organizaciones civiles emitieron ayer un pronunciamiento público exigiendo al Estado peruano que cumpla los diversos compromisos que tiene pendientes en relación a la mejora de estándares para la transparencia en nuestro país.
Esto toma especial relevancia frente al escenario de corrupción ampliado por los casos Odebrecht y Lava Jato, entre otros, así como a la inestabilidad política en los gabinetes ministeriales, asociada a sospechas de corrupción, y que viene ocasionando -entre otros- el incumplimiento de los compromisos del Perú frente a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), alianza internacional que tiene por fin publicar los pagos e ingresos que reciben los gobiernos por la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extractivas, así como de divulgar la información sobre los compromisos ambientales y sociales de las empresas.
Al respecto, uno de los puntos más graves es el débil compromiso del gobierno con respecto a EITI, los cambios sectoriales han producido retrasos, como es el caso es la publicación del VII Informe Nacional de Transparencia en las industrias extractivas EITI Perú 2017-2018, donde se transparentaría información de pagos ambientales de estas industrias. Este incumplimiento pone en riesgo al Perú de ser suspendido como miembro de esta Iniciativa mundial.
Otra de las principales demandas es que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que nuestro país vino impulsando en la región y que a la fecha no ha ratificado, aun cuando falta que por lo menos tres países lo ratifiquen[1] hasta este año para que entre en vigencia.
Asimismo, se propone mejorar los mecanismos de transparencia en los contratos de Asociaciones Público Privadas – APP, así como en el nuevo mecanismo de obras por convenio de gobierno a gobierno, y otorgar verdadera autonomía a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que actualmente es una Dirección del Ministerio de Justicia y no un organismo técnico especializado con autonomía para sancionar y/o fiscalizar a la Administración Pública.
Finalmente, se debe incluir acciones concretas para cumplir con el compromiso de hacer pública la información sobre los gastos sociales y ambientales, empresa por empresa en el sector extractivo, así como las relacionadas a proyectos de infraestructura, y promover una mayor participación de la sociedad civil en las iniciativas de rendición de cuentas y transparencia, así como en la protección de los defensores ambientales.
Nota al pie
[1] A la fecha el Acuerdo ha sido ratificado por Bolivia, Guyana, Uruguay, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Nicaragua y Ecuador, estando pendiente en el caso de los últimos tres países el depósito formal de las ratificaciones en Naciones Unidas.