Escribe: Alejandra Alegre Benites.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
En agosto de 2018, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evaluó las políticas de salvaguardas del Banco. La importancia de este proceso reside en el rol central que desempeñan las políticas sociales y ambientales en los proyectos que financian y promueven los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), al ser las salvaguardas ese sistema de normas o estándares que tienen como función mitigar, prevenir y reducir los impactos negativos asociados con los proyectos y programas de los BMD.
Los hallazgos de la OVE muestran que las actuales políticas del BID no se asientan en un marco completamente coherente e integrado y, además, presentan vacíos frente a las normas técnicas de otras instituciones financieras multilaterales. En ese sentido, la OVE señala en su informe que “en comparación con los marcos de salvaguardas de otros bancos multilaterales de desarrollo, las políticas del BID tienen una cobertura temática más restringida, especialmente en el plano social” (p. 107).
Por ejemplo, temas como cambio climático, condiciones laborales, grupos vulnerables, consulta previa a pueblos indígenas, entre otros son omitidos o abordados de manera muy superficial en las políticas sociales y ambientales del BID. Por esta razón, la OVE recomendó que el banco elabore un nuevo marco de políticas de salvaguardas que incorpore todos los aspectos socioambientales en una política mejor integrada para responder de forma más eficaz a los retos que encaran los países de América Latina y el Caribe.
Desde 2019, el BID viene realizando un proceso de consulta públicas para una nueva política de salvaguardas. Foto: Sede del BID (Daniel Lobo).
En ese sentido, el 20 de diciembre del año 2019, el BID publicó el borrador de la nueva política ambiental y social que pretende implementar. Se trata de 8 Normas de Desempeño (ND) sobre Sostenibilidad Ambiental y Social recogidas del modelo de la Corporación Financiera Internacional (CFI), ala privada del Banco Mundial, y dos normas adicionales relacionadas con igualdad de género y relacionamiento con partes interesadas en la ejecución del proyecto y divulgación de la información.
La adopción de este modelo llama la atención debido a que, al incorporar y adoptar las normas de desempeño de la CFI, el BID no solo está tomando sus elementos positivos, sino también sus fallas y problemáticas. Desde 2012, sociedad civil ha identificado e informado de los aspectos negativos de las políticas de la CFI tales como: problemas en normas que rigen los préstamos a través de intermediarios financieros, la transparencia y la divulgación de la información de los proyectos, la falta de relacionamiento, participación y compromiso con las comunidades afectadas por los proyectos que financian, y la falta de capacidad para monitorear y supervisar de manera adecuada la implementación de las normas de desempeño.
Este último problema cobra especial relevancia, ya que el borrador propone mecanismos para evitar el cumplimiento de la política de salvaguardas ambientales y sociales. Esto ocurre al incluir la posibilidad de financiar nuevos proyectos que no cumplan con las disposiciones de salvaguardas del banco (Párrafo 3.5 de Funciones y Responsabilidades), mientras adopten medidas de gestión de riesgos e impactos para que las actividades se adecúen en la forma y el plazo que el BID considere aceptable.
Tal medida, que no aclara si responde a cuestiones estrictamente excepcionales bajo condiciones expresamente establecidas, supone un riesgo de inicio de actividades que impacten sobre el medio ambiente o los derechos humanos pues estaría sujeto a discrecionalidad y se aplicaría con poca transparencia los requisitos que deben darse para que el préstamos sea válido. Además, le restaría responsabilidad al banco en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de estándares socioambientales adecuados en el desarrollo de los proyectos que financia.
Por otro lado, también llama la atención en el borrador de la nueva política del BID la Norma de Desempeño Ambiental y Social 7 sobre pueblos indígenas. Siguiendo las recomendaciones de la OVE, esta norma reconoce la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y su limitada capacidad de defender sus derechos e intereses sobre su territorio y los recursos naturales. Paralelamente, establece como parte de su política que se debe asegurar su desarrollo pleno y el respeto de sus derechos humanos.
Sin embargo, al momento de definir a quiénes se les considera pueblos indígenas, el borrador añade criterios no contemplados en los estándares internacionales al establecer como criterio de identificación no solo la autoidentificación sino también que dicha identidad sea reconocida por otros y que exista apego colectivo; esto quiere decir, que su identidad esté vinculada con hábitats o territorios ancestrales diferenciados.
Esta inclusión significaría que aquellas comunidades que no se encuentren en dicho territorio no serían sujetos de derecho para esta norma de desempeño, dejando fuera a muchos pueblos indígenas que han optado por migrar a ciudades por razones vinculadas a la desposesión histórica de sus territorios, desplazamientos forzados y obstáculos para acceder a recursos naturales[1].
El borrador presentado será sometido a un proceso de consulta pública, en donde las partes interesadas podrán hacer llegar sus comentarios. Este proceso se realizará tanto de manera virtual como presencial. Sobre esto último se han programado 7 reuniones en distintas capitales del mundo, una de ellas será Lima, elegida para la cuarta reunión (3 y 4 de marzo). En el caso de las consultas virtuales, estas estarán abiertas en la página web del BID hasta el 17 de abril del presente año.
En una región como América Latina y el Caribe donde las inversiones de agentes multilaterales juegan un rol clave en el desarrollo económico y donde también abundan los conflictos socioambientales, este proceso de consultas brindará la oportunidad para hacer llegar preocupaciones como las mencionadas y que el BID exprese su compromiso por instaurar salvaguardas adecuadas que garanticen la sostenibilidad socioambiental y el respeto de los derechos humanos en los proyectos financiados por el BID.
[1] Inter-American Commission on Human Rights. Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía: Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 29 de septiembre de 2019 / Comisión Interamericana de Derechos Humanos. p.; cm. (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/V/II) ISBN 978-0-8270-6930-5.