Lima, 11 de junio de 2018.- Este 6 y 7 de junio en Quito (Ecuador), se realizó el Encuentro Regional Encuentro Regional “Inversiones, derechos humanos y gestión ambiental en América Latina y el Caribe”, organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) junto a International Senior Lawyers Project (ISLP), la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica (FLACSO) y la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS).
En dicho Encuentro se dialogó acerca del rol de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe (LAC) dentro de las actividades y proyectos promocionados por las inversiones de las bancas multilaterales y la banca china que operan en la Región.
El Encuentro Regional contó con la participación de representantes de la Nación Sapara- Ecuador; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – CONFEINAE; AIDESEP; Nacionalidad Achuar del Ecuador – NAE; Nación Shuar del Ecuador- NASHE; la Federación Regional Indígena Shawi de San Martín (FERISHAM); la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta (FEPIKECHA); así como de diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil, como Fernando García, de Flacso; César Gamboa, de DAR; Diana McGinley, de ISLP; Paulo Luiz Esteves, de BRICS Policy Center; Leonardo Sempertegui, de Sempertegui Abogados; Diego Saavedra, de DAR; Julia Cruz, de Conectas; Vanessa Cueto, de DAR; Brent Milikan, de International Rivers; Rebeca Ray, de la Universidad de Boston; y Eddy Timias, representante de COICA. Además se contó con la participación de representantes de organizaciones de sociedad civil de Guatemala, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina.
Los participantes expusieron los escenarios en los que se encuentran los países de LAC que reciben mayor financiamiento de bancos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y especialmente la banca china, la cual lidera el monto de las inversiones en LAC.
En ese sentido, César Gamboa, Director Ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló que “las inversiones chinas están priorizando las actividades de infraestructura; existen ya una serie de ejemplos, como el proyecto del Tren Bioceánico –que ahora pasará por Bolivia-, que plantean serios interrogantes sobre sus impactos socioambientales. Necesitamos entonces una mirada regional de este tipo de proyectos por su impacto en la Cuenca Amazónica”.
La relación de la sociedad civil con la banca china fue tratada como un capítulo especial en el evento, debido a la poca disponibilidad demostrada por las instituciones de este páis para transparentar la información de sus inversiones y generar espacios de diálogo con la sociedad civil de Latinoamérica y El Caribe (LAC), siendo su mayor avance la generación de directrices de crédito verde de carácter voluntario.
Al respecto, la investigadora Rebecca Ray de la Universidad de Boston afirmó: “China está concentrada en los sectores más riesgosos (…) [aunque] no tiene salvaguardas ambientales y sociales, solo tiene como marco las políticas y normas de cada país”.
Adicionalmente, en el evento se analizaron las salvaguardas sociales y ambientales que ofrecen la banca multilateral para enfrentar los posibles impactos de los proyectos. Muchos de estos organismos, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han mejorado estas normas, debido a que ponen en riesgo sus inversiones y necesitan de la aprobación de la ciudadanía para contar con el prestigio internacional; sin embargo, aún quedan muchos vacíos por llenar frente a los grandes riesgos que significan los proyectos de inversión extractivos y de infraestructura.
Sobre estos últimos, Paulo Luiz Esteves, del BRICS Policy Center afirmó: “El Banco Mundial logró en los últimos 20 años cambiar el enfoque o lógica de derechos por la de riesgos. Y eso redujo la forma de entender a los afectados o las afectaciones de las inversiones, como costos, no con respuestas en el fortalecimiento de los derechos. Debemos enfocarnos en fortalecer nuestros enfoques de derechos nuevamente”.
Por otro lado, Vanessa Torres, de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, señaló: “Tras el escenario de crisis económica de la última década, instituciones como el BID señalan que para recuperar la economía de la región se debe poner mayores recursos y énfasis en proyectos de infraestructura. Con esto, el debate de conectividad y vulneraciones será fundamental”.
Asimismo, durante el evento se presentaron alternativas para mejorar la situación de los territorios que se han vistos afectados por los proyectos financiados por las bancas. Las recomendaciones se centraron en mejorar las salvaguardas sociales y ambientales, así como exigir respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en tres niveles de incidencia: local, nacional y regional.
Al respecto, Diego Saavedra, especialista de DAR, comentó: “En el Perú se ha aprobado un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, y se ha dado el compromiso de construir un Plan de Empresas y Derechos Humanos. Es necesario que los diversos actores, y principalmente los pueblos indígenas, se sienten a discutir de manera amplia este tema”.
En ese sentido, Eddy Timía, representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) señaló que “Los pueblos indígenas quieren consentimiento previo, libre e informado pero no se ha dado; las inversiones no están beneficiando a los pueblos indígenas, sino a las empresas”.
Finalmente, como resultado de ambos días de trabajo conjunto, se identificaron hitos y acciones en común a realizarse como bloque de la sociedad civil de la Región en relación a las salvaguardas de la banca multilateral y la china, de manera progresiva y que responda a las necesidades y situaciones de mayor riesgo socioambiental.
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Nota del editor
Durante los dos días, el Encuentro Regional contó con la participación de representantes de la Nación Sapara- Ecuador; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana – CONFEINAE; AIDESEP; Nacionalidad Achuar del Ecuador – NAE; Nación Shuar delEcuador- NASHE; la Federación Regional Indígena Shawi de San Martín (FERISHAM); la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta (FEPIKECHA); así como de diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil, como Fernando García, de Flacso; César Gamboa, de DAR; Diana McGinley, de ISLP; Paulo Luiz Esteves, de BRICS Policy Center; Leonardo Sempertegui, de Sempertegui Abogados; Diego Saavedra, de DAR; Julia Cruz, de Conectas; Vanessa Cueto, de DAR; Brent Milikan, de International Rivers; Rebeca Ray, de la Universidad de Boston; y Eddy Timias, representante de COICA. Además se contó con la participación de representantes de organizaciones de sociedad civil de Guatemala, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina.