Foto: UNASUR SG.
Por Ciro Salazar
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Artículo publicado en el boletín de la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación
La reciente decisión de un grupo de países conformado por Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Perú y Colombia de suspender su participación del bloque de la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR, por la supuesta inoperancia del bloque y su persistente acefalía derivada de la no designación de su secretario general, antes que enfrascarnos en discusiones sobre las diferencias políticas e ideológicas del bloque, nos obliga a una pausa que debería ser aprovechada para preguntarnos: ¿de qué hablamos cuando hablamos de integración?
Evaluando el terreno para la integración
En lo que va del presente siglo, la reconfiguración del mercado laboral global y el cambio climático son dos fuerzas que escapan de la capacidad de control de los Estados y cuyos impactos reducen considerablemente la posibilidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sudamérica es una región particularmente vulnerable a ambos.
Se estima que al 2030 cerca de un 30% de los puestos de trabajo en el mundo se perderían por efectos de la automatización . México, Brasil y Argentina, donde el 50% de la fuerza laboral sería potencialmente reemplazable, serían los países más afectados en América Latina, particularmente en los sectores manufactura y agrícola. Para el resto de países, los esfuerzos por transitar hacia una mayor industrialización no generarían los puestos de trabajo esperados, pues parte de estos -por lo antes descrito- sería asumida por las nuevas tecnologías disponibles.
En cuanto a los impactos del cambio climático, si bien el discurso sobre la importancia de adoptar políticas públicas que fortalezcan la resiliencia de los países a este fenómeno está muy interiorizado en los gobiernos de la región, existen enormes vacíos en cuanto al diseño e implementación de las mismas.
Por ejemplo, una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que ordena al Estado tomar medidas para detener la deforestación en la amazonía, permite constatar cómo este país, pionero en la región en cuanto a gestión ambiental, por ser uno de los primeros en crear un Ministerio del Ambiente (1993) y exigir Evaluaciones de Impacto Ambiental (1994), no ha logrado consolidar al día de hoy una institucionalidad que garantice el derecho a un ambiente sano.
Más preocupante aún es el hecho que los impactos generados por la reconfiguración del mercado laboral global y el cambio climático son potenciados por algunas condiciones estructurales vigentes en nuestros países: (i) Altos niveles de corrupción y debilidad institucional; (ii) Alta dependencia del sector primario como fuente de divisas; (iii) Baja capacidad de innovación; y (iv) Ausencia de mecanismos para que la sociedad civil influya en las políticas públicas.
En efecto, cerca del 40% de las exportaciones de América Latina y el Caribe corresponden a materias primas , aunque en algunos países esta participación sobrepasa el 60%, con lo cual se tiene una alta dependencia en un sector caracterizado por la volatilidad de sus precios así como de los sofisticados mecanismos que utilizan las corporaciones para evadir impuestos, algo elocuentemente revelado por los Paradise Papers . Por otro lado, según el Bloomberg Innovation Index (2018), ningún país latinoamericano figura en el ranking de los 50 países top en innovación. Y en cuanto a la participación de la sociedad civil en las políticas públicas, un reciente informe elaborado por la OECD , da cuenta de que salvo algunos avances parciales logrados por México y Brasil, el resto de países de la región “apenas están construyendo procedimientos sistemáticos que aseguran la participación pública en el proceso regulatorio”. En consecuencia, los intereses de la población no se ven reflejados en los marcos regulatorios nacionales.
Tomar nota de algunos de los fenómenos contemporáneos más importantes, así como de las condiciones estructurales que prevalecen en Latinoamérica es un ejercicio necesario si se quiere hablar de la integración sudamericana.
Un nuevo aire para la integración sudamericana
Latinoamérica presenta una brecha importante en infraestructura. Según el Banco Mundial nuestros países invierten la mitad de los US$300 billones que se requieren anualmente para contar con infraestructura que contribuya a estimular el crecimiento y reducir la pobreza .
Pero los proyectos del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), instancia en el marco de la UNASUR que promueve la “discusión política y estratégica para planificar e implementar la integración de la infraestructura de América del Sur”, ha venido promoviendo proyectos de infraestructura y energéticos que adolecían de procesos de participación pública, salvaguardas efectivas para el respeto de derechos humanos, requerir previamente Evaluaciones Ambientales Estratégicas, procesos de Consulta Previa, entre otras herramientas, que permitan que el cierre de las brechas de infraestructura parta de una planificación estratégica que contemple, entre otras, variables ambientales, sociales y culturales.
Asimismo, tanto los proyectos del COSIPLAN como otros relativos al sector extractivo, son impulsados sin la culminación previa de los procesos de ordenamiento territorial, de la titulación de territorios indígenas o el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas. Todo lo cual termina siendo fuente de conflictos sociales que podrían evitarse. Como en muchos otros aspectos de política pública, las visiones de corto plazo o el afán por tener resultados inmediatos (compromisos de inversión, licitación de proyectos, etc.) priman sobre la imprescindible tarea del planeamiento y el fortalecimiento institucional.
Por todo lo expuesto, una verdadera integración sudamericana debe enmarcarse en un verdadero involucramiento de la sociedad civil en las decisiones más importantes de política pública, así como proveer los canales de acceso a la información que le permitan fiscalizar los diversos proyectos de integración que se acuerden, lo que no ha venido sucediendo hasta el día de hoy. Una integración pensada por la gente y para la gente.