- Durante el evento público “Extractivismo en Crisis: Transparencia, participación y desarrollo sostenible”, Edwin Montenegro y Marcial Mudarra, líderes indígenas de las zonas afectadas por el derrame de crudo en Amazonas y Loreto, expusieron la dramática situación en la que se encuentran.
- Exigieron a las autoridades tomar acciones inmediatas y efectivas para no vulnerar los derechos de los pueblos indígenas afectados.
Marcial Mudarra (CORPI)
Lima, 3 de marzo de 2016.- Marcial Mudarra, presidente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI) señaló que más allá de la multa a Petroperú por el derrame de petróleo en Morona debe haber una reparación civil a las comunidades afectadas. Sobre la posible multa que el Estado impondría a Petroperú dijo: “Entre ellos se van a multar. ¿De qué la van a multar? ¿Acaso ellos van a sufrir el daño? A quienes le han hecho daño son a los que viven allá, les han daño sus cultivos, sus quebradas, su hábitat”.
Asimismo, lamentó que por la falta de mantenimiento al oleoducto haya sucedido el derrame del 3 de febrero en la provincia del Datem del Marañón y que la fecha no se encuentre a un responsable que remedie adecuadamente los daños a la salud y ambiente de la zona.
Edwin Montenegro (ORPIAN-P)
Edwin Montenegro presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) indicó que su reclamo no es solo para proteger a los pueblos indígenas sino a las futuras generaciones. Igualmente, responsabilizó al Estado y a Petroperú por los derrames ocurridos en Chiriaco durante este año. Precisó que la declaración de estado de emergencia sanitaria por tres meses no será suficiente.
De igual modo, solicitó se deje de bombear petróleo hasta todas las cuencas estén limpias. Demandó que tras 25 días del derrame no se ha recibido apoyo. “Petroperú dijo que nos iba a atender con alimentos, hasta ahora no me han llamado para confirmarlo”.
Ambos dirigentes solicitaron la presencia del Ministerio de Salud para que examine la zona, así como el agua y futuros alimentos, en respeto a su justo derecho a una vida sana y digna.
FLEXIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y VIGILANCIA
De otro lado, César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, comentó que los incentivos institucionales producto de la promulgación de normas (paquetazos ambientales) debilitaron los procesos de vigilancia, supervisión y fiscalización ambiental. Y exhortó a que en este proceso electoral se discutan estos temas. Los ciudadanos no están en contra de la inversión solo piden una mejor distribución de la riqueza y que se cumplan con los estándares ambientales para que esas operaciones no impacten en sus tierras”. Además, recordó el reclamo de los pueblos indígenas para que el Estado reconozca el monitoreo ambiental que realizan dentro de Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Por su parte, Marc Dourojeanni, especialista en temas ambientales, resaltó la importancia de los estudios de impacto ambiental (EIA) como parte del planeamiento de las actividades productivas, desde el perfil del proyecto y no a última hora. Agregó que es indispensable cumplir con los dictámenes y recomendaciones de los EIA, a lo largo del tiempo y que estos deberían aprobarse antes de otorgarse las concesiones y de la firmar de contratos.
EITI Y LA CRISIS DEL EXTRACTIVISMO
Estas declaraciones se dieron en el evento alternativo a la VII Conferencia Gobal del EITI*; “Extractivismo en Crisis: Transparencia, participación y desarrollo sostenible. En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional están impulsando la incorporación de información social y ambiental dentro de los estudios de conciliación del EITI, donde se haga pública la información relacionada la gestión ambiental de la industria extractiva.
Panel 1 – Primera parte: José De Echave, Carlos Monge y Epifanio Baca (izq-der).
Este evento organizado por CooperAcción, DAR y el Grupo Propuesta Ciudadana tuvo como objetivo analizar la situación del fin del boom del sector extractivo y reflexionar sobre el papel del país en este nuevo contexto.
Para José De Echave de CooperAcción, ante la caída de los commodities, nos encontramos en una fase prebonanza como en 2001, cuando la participación de las empresas mineras en el impuesto a la renta fue de 6,2%; ya que a diciembre de 2015 fue de 6,1%. “Ninguno de los tres últimos gobiernos realizó algún cambio sustancial para salir del piloto automático” y afrontar la actual situación.
Alertó que la Sunat está devolviendo más dinero a las empresas mineras de lo recauda por impuesto a la renta de ellas, tal como sucedía en la época del preboom minero. Echave explicó que las empresas que exportan no pagan IGV, lo que genera un débito fiscal. Y como acumulan un crédito fiscal que es mayor que al débito, se produce una devolución (saldos a favor del exportador). “Estas devoluciones, hoy en día superan a los impuestos que estas empresas pagan al Estado”.
Sobre la situación del canon, recomendó que, de cara al actual proceso electoral, tomarse con precaución propuestas que incluyan su uso para no generar falsas expectativas, esto debido a hay una caída en la distribución del canon minero.
Epifanio Baca del Grupo Propuesta Ciudadana, señaló que las regiones más afectadas con la reducción por canon minero son Ancash (menos S/294 millones), La Libertad (S/119 millones), Cajamarca (S/150 millones) y Arequipa (S/22 millones). En el caso del canon petrolero, en relación con los precios actuales, se estima que Loreto y Piura reciban S/98 millones y S/275 millones menos, respectivamente (comparación 2015 con 2014). Por ello, recomendó que para afrontar esta nueva situación, se debe diversificar nuestra producción orientándola a tres ejes: promoción de la diversificación productiva; adecuación de regulaciones y simplificación administrativa; y expansión de la productividad.
Acerca del proceso de recentralización de nuestra economía, esta se debe a dos causas. La primera, la disminución precios de los metales, por lo que retrocede el canon. La segunda causa, para Epifanio Baca se debería a que entre el 90 al 100% de los incrementos presupuestales, alrededor de 10 000 millones de soles a partir del año 2013, fueron destinados al gobierno nacional para ser manejados con criterio político.
“El presupuesto del año 2016 es el más centralista de los últimos 15 años. 75% del total es controlado a nivel nacional. Ese tipo de distribución solo era visto en los tiempos del fujimorismo”. Siendo los más perjudicados los gobiernos locales (municipalidades).
Panel 2: Humberto Campodónico, Tomás Severino, Carlos De Miguel Marc Dourojeanni (izq-der)
Marc Dourojeanni acotó además que el extractivismo no está en crisis, lo que está en crisis es el futuro de la nación por culpa de la descuidada explotación de los recursos naturales “en beneficio de pocos y para mal de muchos”. De hecho, consideró que el extractivismo está boyante y crecerá a un ritmo cada vez mayor, en sus versiones formal e informal (la más dañina).
Explicó que la transparencia en las industrias extractivas debe garantizar la participación democrática de los ciudadanos en los asuntos del Estado o de interés público, mediante el acceso completo a la información sobre estos. Por lo que es parte esencial del concepto de gobernanza en democracia, en tiempos de desconfianza.
Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostuvo que es fundamental la planificación en nuestros recursos naturales no renovables, de la mano con conceptos de gobernanza para la prevención de conflictos sociales. Manifestó que si solo nos fijamos en lo que se produce, pero no en el stock natural consumido, sin desarrollar capacidades humanas, las economías de países no crecen.
Humberto Campódonico, especialista en economía de hidrocarburos, señaló que el costo del medio ambiente es una variable a ser considerada en todo proyecto extractivo, si queremos hablar de un desarrollo sostenible, pues va de la mano con el cambio climático. “Debe haber licencia ambiental, social y fiscal en las inversiones.
Como expresidente de Petroperú, aprovechó los minutos finales de su exposición para referirse al caso Morona y Chiriaco. “He sido presidente de Petroperú, nos hemos ocupado del Oleoducto en la medida de lo posible, y es terrible lo que ha sucedido. Si se encuentra responsabilidad de la empresa debe sancionarse así sea estatal”. Propuso que un ente independiente, como el Colegio de Ingenieros del Perú para que revise los ductos y dé una opinión técnica vinculante sobre el futuro de los tramos y no caer en la paralización del proyecto inmediatamente.
(*) Sobre el EITI
La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) desde 2005, alianza estratégica internacional integrada por 48 países que reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas) y sociedad civil, para transparentar los pagos que hacen las empresas a los gobiernos, con el fin de verificar una adecuada rendición de cuentas y que los recursos obtenidos por la actividad extractiva fomenten el desarrollo de los países miembros.