168 Periodo de sesiones de la CIDH. La audiencia inició con un minuto de silencio por las graves violaciones a las defensoras y defensores de derechos humanos en Nicaragua.
Santo Domingo, 9 de mayo de 2018.- Centro Humboldt, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Fundación para el debido proceso (DPLF) solicitaron la audiencia pública “Denuncia de Violación de Derechos Humanos y Criminalización de personas defensoras en el contexto de industrias extractivas en Nicaragua” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual se llevó a cabo este lunes en República Dominicana1.
La solicitud buscó alertar sobre un patrón de violaciones de derechos humanos en el ámbito extractivo. Al respecto, la presidenta de DAR, Vanessa Cueto señaló: “en el caso de Nicaragua la criminalización de las defensoras y defensores ambientales se evidencia en el debilitamiento de los estándares ambientales y sociales de los marcos legales de la región; la criminalización de la protesta contra las defensoras y defensores de los derechos de la naturaleza y de la población local; y casos de corrupción asociados a sobornos de proyectos”.
Con respecto al debilitamiento ambiental, Heizel Torres del Centro Humboldt señaló que el marco jurídico que regula la minería únicamente ha servido para maquillar los procedimientos, pues el Estado de Nicaragua no realiza las consultas previas informadas, otorga concesiones mineras obviando todos los procedimientos establecidos, ha debilitado la normativa de evaluación ambiental en el país y no ha generado un marco normativo para la protección de defensoras y defensores ambientales. Este debilitamiento conlleva a la criminalización de las defensoras y defensores ambientales.
Al respecto, el defensor Olman Salazar, Secretario del Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial (MONAFMI) y Coordinador del Movimiento Comunal Santa Cruz de Mina la India, denunció ante los comisionados de la CIDH que en el año 2011 el Gobierno de Nicaragua autorizó que la empresa Cóndor Gold S.A realizara la exploración minera en la Comunidad La India, sin cumplir con la normativa nacional que exige un proceso de consulta y participación ciudadana que conllevó a que en finales del 2016 la empresa minera informe de la reubicación de la comunidad.
Es a raíz de esta defensa que se inician una serie de acciones de criminalización, como el inicio de procesos legales contra su persona. Así, el defensor señaló: “he venido recibiendo amenazas y presiones indebidas por parte de la policía de Nicaragua […] Cuando hemos intentado denunciar esos atropellos, las autoridades judiciales no realizan las investigaciones necesarias y perpetúan la impunidad en beneficio de las autoridades estatales y funcionarios de la empresa, y en perjuicio de quienes defienden los recursos naturales, el derecho a la consulta, la participación”.
Boanerge, quien se presentó por segunda vez ante la CIDH, explicó que a raíz de su participación en la audiencia de marzo pasado fue víctima nuevamente de persecución, espionaje y detención inmotivada. Todo ello por exigir el acceso a la información a los Estudios de Impacto Ambiental del proyecto de la empresa B2GOLD que hoy en día bombea agua del túnel de la mina subterránea Jabalí Oeste, hacia el túnel azul para lograr el abastecimiento del agua de la población, con el riesgo de dar agua contaminada con metales pesados, esto debido a la voladora y derramamiento de químicos para la extracción del mineral. Asimismo, la población, no cuenta con la información la calidad de los recursos hídricos, poniendo en grave riesgo a su comunidad.
Pero no son los únicos hechos denunciados, Walkiria Marín denunció que el sector Jabalí Antena, parte de su comunidad, es víctima de asedio, acoso por parte de la minera, quienes durante 2 años realizaban visitas diarias y constantes casa a casa para que las familias acepten el proyecto de reubicación de viviendas hacia un sector alejado (1 kilómetro fuera) del casco urbano.
Por su parte, Martin Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, comentó la situación política sobre vulneración de Derechos Humanos que afronta dicho país.
Finalmente, solicitaron a la CIDH que recomiende al Estado de Nicaragua lo siguiente:
- Que cumpla el marco legal sobre el derecho de acceso a la información, participación y consulta, en particular frente a decisiones estatales relacionadas con la gestión de recursos naturales;
- Que genere mecanismos de transparencia y participación en los procesos de concesión, evaluación, fiscalización y monitoreo ambiental;
- Que se abstenga de intimidar, hostigar y criminalizar a los defensores ambientales;
- Que genere un marco normativo nacional sobre la protección de defensores ambientales que incorpore los estándares interamericanos y el acuerdo regional de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental;
- Que autorice que una delegación de la CIDH visite al país con el fin de esclarecer los hechos recientes de violencia contra participantes de manifestaciones, incluyendo los casos de criminalización, persecución y violencia contra defensores ambientales;
Asimismo, solicitaron a la Relatora Especial sobre DESCA que incorpore la información documentada en esta audiencia en su informe sobre empresas y derechos humanos.
En particular solicitaron a la Relatora que aborde el rol de los países de origen de las empresas mineras que patrocinan graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y otros países de la región. Y, en ese sentido, que el mencionado Informe aborde la necesidad de ajustar las salvaguardas que rigen el financiamiento internacional de proyectos de inversión a las obligaciones en materia de derechos humanos. Cabe recordar que el proyecto minero La India viene siendo financiado por la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, pese a que no cumple con los estándares básicos de participación y consulta.
Defensores Ambientales de Republica Dominicana y Nicaragua y la Relatora DESCA
La Relatora DESCA participó posteriormente en el Foro Público «Gobernanza, Derechos Humanos y Salvaguardas Ambientales en el sector extractivo» organizado por DAR, DPLF, el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, ENTRE, en el marco del Observatorio Regional de Inversiones, Transparencia y Derechos Humanos con el apoyo de la Coalición Regional por la Participación y Transparencia, en el Paraninfo de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
En dicho evento, estuvieron presente Leoncia Ramos, quien presentó los casos de la situación crítica de las comunidades de la Piñita, La Cerca, El Naranjo, Las Lagunas, entre otras de la zona minera de Cotuí, en donde han denunciado la contaminación a ríos y otras fuentes acuíferas. Asimismo, se presentó el caso del Derrame del Oleoducto de Falconbrige y la situación de los defensores ambientales en Nicaragua,
En dicho evento, la Relatora DESCA expresó su preocupación por los casos presentados en el mismo e hizo un llamado para que las defensoras y defensores ambientales informen las afectaciones que vienen sufriendo a través del cuestionario de Empresas y Derechos Humanos. Finalmente agradeció a las organizaciones como DAR, DPLF y otras por presentar estos casos.
Las defensoras y defensores ambientales de Nicaragua se solidarizaron con las defensoras y defensores de República Dominicana, como los miembros de la comunidad de la Piñita en Cotuí, quiénes vienen sufriendo los impactos de la actividad extractiva de la empresa Barrick Gold en su país.
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Notas del Editor
1Esta audiencia, tiene como antecedente la Audiencia Temática “Derecho al Acceso a la Información y transparencia en gestión ambiental, concesión monitoreo y fiscalización de Actividades Extractivas en América Latina y el Caribe” presentada en marzo de 2017.